BUENOS AIRES (DYN) El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuestionó ayer en duros términos al juez federal Edmundo Carbone por haber dictado un fallo que suspende la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios Audiovisuales y denunció “una presión altísima” de parte de los medios de comunicación. “Nadie en sus cabales, no teniendo competencia y faltando 15 días para retirarse, hubiese firmado una medida cautelar. Lo que dicen en las cercanías de este señor es que la presión de parte del monopolio ha sido altísima, yo no puedo constatarlo, pero lo dice su propia gente”, advirtió el jefe de ministros. Durante una conferencia de prensa brindada ayer en la Casa Rosada, Fernández afirmó que el juez Carbone, “llamativamente, no tiene competencia para hacer estas acciones, está renunciado desde el 6 de noviembre y termina su función el 31 de diciembre”. “Véase cómo la presión sobre determinados magistrados consigue los resultados que no son beneficiosos para nada”, advirtió Fernández. Además, vinculó al magistrado como ex funcionario de las dictaduras militares de Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Agustín Lanusse.

   El juez cuestionado por el Gobierno aprobó ayer una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín para suspender la aplicación de los artículos 161 y 41 de la Ley de Medios Audiovisuales, que se refieren al plazo que tienen los licenciatarios para ajustarse a lo dispuesto por la norma y a la prohibición de transferir las licencias. El magistrado dijo que esos dos artículos “conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita” establecidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución nacional. En tanto, a través de un comunicado del ministro de Justicia, Julio Alak, el Gobierno anunció que va a apelar la medida del juez Carbone. En un marco más amplio de la pelea que mantiene el Gobierno con varios magistrados, incluso de la Corte Suprema por otros temas, como la intervención del ministro en un conflicto sindical, Fernández cuestionó la actuación del juez Eduardo Vocos Conesa en el caso de la fusión de Cablevisión-Multicanal. El ministro criticó al juez Vocos Conesa por “su fuerte reivindicación de la actividad del coronel (Mohamed) Seineldín y la agresión a grupos de derechos humanos”.