El ex ministro de Salud Ginés González García, fue procesado este viernes en el marco del escándalo del denominado “Vacunatorio VIP“. El funcionario que formó parte del Gabinete de Alberto Fernández durante la primera parte de su gestión presidencial, fue acusado por peculado de bienes y abuso de autoridad por la jueza María Eugenia Capuchetti, quien también ordenó el embargo de sus bienes por un valor de 130.000.000 de pesos.
El caso, que estalló en 2021 durante la pandemia del Covid-19, involucró la vacunación irregular de varias figuras públicas, entre ellas el ex presidente Eduardo Duhalde, su familia, el periodista Horacio Verbitsky y los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
Además de González García, fueron procesados otros funcionarios clave, como Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias; Marcelo Ariel Guille, secretario privado del ex ministro; Alberto Alejandro Maceira, director del Hospital Posadas, y María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del mismo nosocomio. Por otro lado, se dictó la falta de mérito para las médicas Lucrecia Silvia Raffo, Silvia Cristina Bacigalupo y Graciela Beatriz Torales.
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La investigación se centró en la existencia de un vacunatorio paralelo en el Ministerio de Salud. El 18 de febrero de 2021, un equipo de vacunación del Hospital Posadas se trasladó al Ministerio con 10 dosis de la vacuna contra el Covid-19, correspondientes a ese centro asistencial, para vacunar a personas que no cumplían con los criterios establecidos por el propio Gobierno.
La magistrada que lidera la causa destacó que ninguno de los vacunados reunía los requisitos para ser inoculados en ese momento, de acuerdo con la Resolución MSAL N° 2883/2020. Esta normativa priorizaba al personal de salud y, en casos excepcionales, al personal estratégico.
Sin embargo, muchos de los vacunados no se encontraban dentro en esas categorías, lo que contravenía los lineamientos establecidos por el mismo González García.
Otros hechos investigados incluyeron la vacunación irregular de Duhalde y su familia, así como el uso de 36 dosis del Hospital Posadas para vacunar a personas que no cumplían con los criterios. Por eso, Capuchetti consideró que hubo un desvío de recursos destinados a un bien público, exacerbado por la situación crítica de la pandemia.
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El caso estalló cuando Verbitsky reveló en una entrevista radial que se había vacunado en el Ministerio de Salud, lo que provocó una ola de indignación pública. La pesquisa reveló una lista de vacunados VIP, que incluía a altos funcionarios y sus allegados, muchos de los cuales fueron registrados como personal de salud para justificar la inoculación.
En 2021, la mencionada jueza archivó parcialmente la causa, argumentando que el Código Penal no criminalizaba la conducta de funcionarios que otorgaban tratos especiales.
Sin embargo, la Cámara Federal reabrió la investigación, destacando la importancia de administrar adecuadamente un recurso escaso como las vacunas.
Fuente: con información de Infobae.