Varias organizaciones civiles y unos 400 abogados presentaron este lunes un escrito en el juzgado federal de María Servini, para pedir que declare de lesa humanidad los atentados cometidos por la organización Montoneros.

En una primera denuncia reclaman que la jueza reabra el expediente del atentado contra la Superintendencia de Seguridad Federal, que el 2 de julio de 1976 provocó la muerte de 24 personas y decenas de heridos. Según anticiparon, luego se presentarán nuevos escritos contra las organizaciones Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Incluso habrá denuncias contra el Movimiento Todos por la Patria (MTP), que intentó copar el regimiento de La Tablada en 1989, durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín.

El pedido es impulsado por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto con otras entidades civiles, familiares de víctimas y el respaldo de unos 400 abogados.

Los denunciantes solicitaron el inmediato llamado a indagatoria y la captura Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, los principales líderes de la organización guerrillera que fue declarada asociación ilícita por el gobierno constitucional de María E. Martínez de Perón.

Según la presentación, los crímenes de Montoneros se encuadran en la doctrina de “lesa humanidad” creada y aplicada a militares, policías y civiles, por la mayoría de la Corte durante el gobierno de Néstor Kirchner.

En el escrito se señala que en dicha doctrina los numerosos delitos de las organizaciones terroristas no se encontrarían alcanzados por la prescripción, las amnistías y los indultos con que fueron beneficiadas.

Los abogados argumentan que la Cámara Federal, en la sentencia que condenó a los comandantes de las Juntas Militares tras la recuperación de la democracia, contabilizó 21.000 atentados, 5215 mediante el uso de explosivos, y más de 500 asesinatos que las organizaciones guerrilleras denominaban “ajusticiamientos”.

“No se trató de un hecho aislado, sino de uno más de los miles de crímenes cometidos por la organización terrorista, muchos de ellos mediante la colocación de bombas en lugares públicos y privados”, dijo al diario La Nación Ricardo Saint Jean, hijo del exgobernador de la dictadura Ibérico Saint Jean y uno de los letrados que procuran reabrir la causa contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en el edificio de la calle Moreno 1417.

La bomba explotó a las 13.20, en el horario del almuerzo, con presencia de mujeres y niños en un ataque facilitado por un infiltrado en la Policía Federal, que colocó un artefacto explosivo con nueve kilos de TNT y bolillas de acero.

La denuncia cuenta con la adhesión del Círculo Militar, el Foro de Generales Retirados del Ejército, el Foro de Almirantes, la Unión del Personal Militar, la Unión de Promociones de las FFAA, el Centro de Estudios Cruz del Sur, la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos muertos por la Delincuencia; Nueva Unión Ciudadana y la Asociación Casppa France, entre otras.

“Si las más bajas jerarquías de las fuerzas y más de 35 ex jueces y fiscales y muchos otros civiles se encuentran juzgados y detenidos por los enfrentamientos de aquellos años, no resulta ni moral ni jurídicamente aceptable que no lo sean los autores materiales y mediatos de los aberrantes crímenes cometidos por las organizaciones terroristas que asolaron el país desde 1969 hasta 1980, y reiteraron su criminal osadía en la cobarde toma del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada en 1989, a seis años de la recuperación democrática”, dice el escrito presentado este lunes en la justicia federal.

Otras causas que más adelante se pedirán reabrir son las del ataque al regimiento de Azul, el 19 de enero de 1974, en el que murieron el coronel Arturo Gay y su esposa, Hilda Casaux de Gay, el soldado Daniel Osvaldo González y el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal (secuestrado y ejecutado diez meses después), y el intento de copamiento del regimiento Monte 29 de Formosa, el 5 de octubre de 1975, que provocó la muerte de doce militares y un policía provincial.