La Cámara de Diputados de Neuquén tratará este jueves, en una sesión especial, la posible destitución de la vicegobernadora Gloria Ruiz. La compañera de fórmula de Rolando Figueroa se encuentra suspendida de sus funciones desde finales de noviembre, ya que se encuentra acusada por uso indebido de fondos públicos y de nombrar familiares en el Estado.
La Legislatura de la provincia patagónica está conformada por una sola cámara en la que cuenta con 35 diputados. Según la Constitución provincial, el cuerpo legislativo necesita dos tercios de los legisladores para tratar la aplicación de una sanción. En este caso, miembros del oficialismo aseguran que están cerca de conseguir el número necesario.
“Estamos cerca de los 30 que necesitamos”, manifestaron desde el bloque oficialista. En principio, los cinco votos restantes vendrían de los legisladores de izquierda, que se abstendrían, y Unión por la Patria, que durante todo el proceso se manifestó en contra.
Por otro lado, Ruiz realizó su último descargo este miércoles en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). En esa instancia, la vicegobernadora suspendida leyó un manifiesto de carácter jurídico e intentó citar a testigos involucrados en las investigaciones judiciales.
“Quería citar testigos que no estaban avisados. Eso no está permitido. Lo rechazamos de plano”, comentó un miembro de LAC. En la comisión, los diputados presentes realizaron un punto por punto de los diferentes casos de uso indebido de fondos públicos, designaciones irregulares y nepotismo, por lo que se la acusa a Ruiz y aseguran que su respuesta fue “confusa” y que dejó “más dudas que certezas”.
Para la exintendente de la localidad de Plottier, las acusaciones son infundadas, “direccionadas y malintencionadas”. Su defensa pidió la nulidad de la causa en su contra, bajo la premisa de que hubo “fallas en el debido proceso” por parte del Ministerio Público Fiscal.
La causa
Desde su asunción, Ruiz nombró a cerca de 12 personas, entre familiares y amigos, para que cumplan funciones en la Legislatura. El caso más resonante es el de su hermano, Pablo, quien fue denunciado por los presuntos delitos de peculado y fraude a la administración pública. Era el coordinador de la Casa de Leyes, un espacio cultural que depende del organismo.
La denuncia presentada por el Banco Provincia contra Pablo Ruiz expresa que “recibió acreditaciones significativas diferentes a sus haberes de parte de la Legislatura por un monto de 29.854.350 pesos y extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos”.
En la documentación se revela que el entorno de la vicegobernadora contaba con “una metodología de contratación contraria a lo que establecen las normas legales en la materia, eludiendo el procedimiento administrativo correspondiente mediante el reconocimiento del pago de servicios ya prestados, como así también se advierte la utilización de la contratación directa como método ordinario de contratación, sin justificación y por encima de los montos máximos establecidos para dicha contratación”.
A esto se suma una “contratación directa de bienes y/o servicios por montos que serían excesivamente elevados en comparación con los valores de mercado, sin siquiera requerir presupuestos a otros proveedores para verificar y/o cuidar el interés del fisco provincial”.
En cuanto a las a la partida de gastos protocolares realizado durante el período de gestión de Ruiz, asciende a la suma de $407.674.693,94. Lo cual representa aproximadamente el 3% de la recaudación total del impuesto inmobiliario de toda la provincia presupuestado para el año 2024.
Por último, en la Justicia remarcaron que los precios facturados por la Legislatura con los publicados en la página web de la empresa “existía una diferencia en el orden de entre el 80% y el 100% en contra de los intereses del fisco provincial, específicamente de la HLN, sin considerar en el análisis el desfasaje por inflación”.