La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, dio este lunes un informe en el organismo internacional que hizo hincapié en la violación de los derechos humanos en la provincia de Formosa debido a las restricciones impuestas por el gobierno de Gildo Insfrán ante la pandemia.

Las medidas de emergencia contra la COVID-19 que resulten en restricciones de los derechos humanos (DD. HH.) deben ser temporales y respetar los principios de no discriminación, legalidad, necesidad y proporcionalidad, dijo la ex presidenta de Chile.

“El rol central de los Estados durante una pandemia y otras emergencias sanitarias es conseguir una respuesta sanitaria robusta mientas que respetan los derechos humanos”, sostuvo Bachelet en su intervención durante la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

En ese marco, ponderó las denuncias realizadas por la oposición en Argentina respecto a la situación de las personas contagiadas y las sospechosas de tener COVID 19 en los centros de aislamiento que abrió el gobierno de Formosa. 

“En Argentina, el equipo de la ONU en el país se movilizó rápidamente para responder a las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa cuando la pandemia se apoderó de ella. El Coordinador Residente de la ONU dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de UNICEF, UNFPA, OMS / OPS y ACNUDH. Luego inició consultas con las autoridades sobre un posible programa estratégico conjunto de la ONU para responder a la emergencia sanitaria en la provincia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que incluye abordar una serie de problemas estructurales, con especial atención a los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables”, reportó Bachelet. 

Estas denuncias fueron motorizadas desde el PRO por Patricia Bullrich, quien en febrero le envió un informe a Bachelet sobre lo que ocurría en Formosa, casos con nombre y apellido de personas que sufrieron “injustificables decisiones gubernamentales”.

La situación de Formosa fue presentada junto al informe de lo que ocurre en otros países, como Camboya, Serbia, Guinea, Ucrania, Madagascar, Líbano, Afganistán, Bielorrusia, China, Colombia, Etiopía, Haití, México, Mozambique, Rusia y Sri Lanka, entre otros.

La alta comisionada consideró que es preocupante que los países estén centrando su atención en reducir sus presupuestos en vez de hacer inversiones a largo plazo para crear resiliencia, y señaló que las medidas de austeridad podrían afectar al 85 % de la población global el año que viene.

Muchos países en desarrollo, ya en deuda y estrés financiero antes de la pandemia, se enfrentan a limitaciones físicas severas para responder de manera efectiva a la crisis sanitaria y a su impacto.

“En consecuencia, muchos están atrapados en un dilema entre una crisis de deuda o una crisis de desarrollo y derechos humanos”, lamentó Bachelet.

La alta comisionada también aseguró que el fracaso en integrar un enfoque de derechos humanos en la respuesta contra la pandemia ha tenido “consecuencias serias” para el desarrollo, y pidió a los Estados que aumenten su apoyo a los sistemas de seguridad social y de salud, con un enfoque solidario.

Los grupos marginados históricamente por discriminación sistémica y desigualdades persistentes han sido los más afectados.

“Las leyes y las políticas que discriminan a las mujeres y a la población vulnerable deben de ser revocadas o cambiadas”, afirmó.

La alta comisionada explicó que las políticas que han buscado afrontar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia por razones de género han fracasado y esto debido a la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones durante la crisis sanitaria.