La Cámara Federal de Casación Penal fijó fechas de audiencia para octubre y noviembre para la audiencia obligatoria en las causas Hotesur y Los Sauces (las empresas de la familia Kirchner), para después resolver si Cristina, Máximo y Florencia Kirchner -junto a los demás acusados- enfrentarán o no el juicio por lavado de dinero.

El presidente de la sala primera del máximo tribunal penal, Diego Barroetaveña, dispuso que la audiencia preliminar, preparatoria del trámite que se le dará a la discusión, se realizará el martes 4 de octubre, mientras que convocó a la audiencia de informes de las partes para el viernes 4 de noviembre a las 10.30.

El caso de los hoteles Los Sauces-Hotesur llegó a revisión de la Cámara Federal de Casación Penal a partir de una apelación del fiscal de juicio, Diego Velasco, quien se manifestó en contra del fallo del TOF 5 y reclamó la realización del debate oral y público para determinar si se cometieron o no los delitos denunciados.

La apelación del fiscal de juicio fue sostenida por su par ante la Casación, Mario Villar, quien en noviembre pasado solicitó que se anulen los sobreseimientos y se avance a hacia el debate oral.

“La solución del sobreseimiento, tal como aquí nos es presentada, no solo priva al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia, sino que esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día”, sostuvo Villar en la presentación con la que sostuvo la apelación del fiscal Velasco.

El fiscal señaló que solo con el desarrollo del juicio “se podrá determinar si las imputaciones gravísimas que están en juego en esta causa son verdaderas o no, si pueden probarse más allá de toda duda razonable”, y pidió que sean apartados del caso los jueces que en noviembre promovieron los sobreseimientos.

La sala primera de Casación está integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

En noviembre, el TOF 5 sobreseyó a la vicepresidenta, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y al resto de los imputados en la causa en la que se los investigó por supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras de las sociedades Hotesur y Los Sauces.

Causa Vialidad

El fiscal Diego Luciani reanudó este viernes el alegato acusatorio en el juicio contra la vicepresidenta: rechazó la teoría de una supuesta persecución contra la Cristina Kirchner y dijo que ella intervino para beneficiar ilegalmente al empresario Lázaro Báez.

“El lawfare no existe… es marketing para desacreditar la investigación penal”, dijeron los fiscales.

Además, orientó su exposición a demostrar la profundidad del vínculo entre Báez y los Kirchner; exhibió un testamento que, según él, acredita que Báez no disponía de la riqueza a su nombre y recordó operaciones comerciales compartidas por el empresario y el matrimonio presidencial. 

Ver también: Causa Vialidad: se acerca el fin de los alegatos contra Cristina Kirchner

El fiscal dijo que los exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas, el presidente del Banco Nación, los entonces funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y los colaboradores de Lázaro Báez mantenían una relación “codo a codo”. “Eran lisa y llanamente como una misma parte (…) a costa de los fondos del erario”, sostuvo Luciani, y una vez más aludió al “canal privilegiado” que tenía Lázaro Báez. “Lázaro Báez era Néstor Kirchner”, aseveró. Hizo mención al vínculo entre Lázaro Báez y los expresidentes del Banco Nación Juan Carlos Fábrega y Juan Ignacio Forlón. A este último se refirió como “cercano a Máximo Kirchner”.