El proyecto de ley gubernamental que establece parámetros sanitarios, epidemiológicos y demográficos para definir las acciones de mitigación del coronavirus en el país comenzará a ser debatido este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara de Senadores, con el objetivo de ser llevado al recinto la semana próxima.
Con la presencia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, la reunión fue convocada para las 10 por el sistema de videconferencia, de acuerdo con lo conversado entre los presidentes de las comisiones de Salud, Mario Fiad; y de Asuntos Constitucionales María de los Ángeles Sacnun.
Las funcionarias defenderán el proyecto ante los legisladores y luego se someterán a preguntas.
La intención del oficialismo es emitir dictamen hoy mismo, con el objetivo de llevar el tema al recinto la semana que viene y que Diputados lo convierta en ley antes del 22 de mayo, cuando caduca el actual Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández y que faculta a los gobernadores a adoptar restricciones, según el riesgo epidemiológico de los distritos.
Parte de la oposición se abroqueló contra lo que llaman “superpoderes” para Fernández. Aseguran que las medidas siguen siendo inconstitucionales aunque se aprueben por ley en el Congreso y que el tema podría volver a judicializarse. La autonomía de las provincias vuelve a ser el eje principal del planteo.
De acuerdo a los legisladores opositores, las disposiciones de caracter general y reglas de conductas que estipula el texto pueden aprobarse por ley, pero las restricciones más severas y puntualmente el cierre de las escuelas no. En este sentido recuerdan que la Corte Suprema ya advirtió en su fallo por el DNU que suspendía la presencialidad en AMBA que no se pueden violar las autonomías provinciales por DNU ni por ley.
En cambio, para el oficialismo el proyecto “no pide más poderes”. “Casi diría que es al revés”, aseguró Ibarra, señalando que se proponen “parámetros objetivos” y epidemiológicos para saldar la discusión.
En la Cámara alta el Frente de Todos tiene mayoría suficiente para darle luz verde pero en Diputados la negociación con los aliados es reñida y no se descartan cambios.
Las claves
- El texto dispone un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para combatir el contagio de coronavirus y tiene como finalidad “proteger la salud pública” y “establecer medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país”.
- La iniciativa reúne los criterios sostenidos en los DNU firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, y hace hincapié en las reuniones sociales, el teletrabajo y el dictado de clases presenciales, aunque cada restricción debe ser consensuada con autoridades provinciales.
- La propuesta del Ejecutivo propone “reglas generales para todo el país en las que se incluyen medidas de prevención, como uso obligatorio de barbijo, ventilación; y luego, la segmentación por riesgo epidemiológico”.
- En las zonas de bajo riesgo “se aplican las conductas generales de prevención” y luego, de acuerdo con diversos criterios sanitarios, que contemplan -entre otros puntos- la incidencia de casos, se va subiendo en la escala de las medidas.
- En lugares designados como “riesgo medio”, aparecen otras restricciones como las reuniones en casas particulares.
- En aquellos que estén en “alto riesgo, se agrega por ley, la prohibición de las reuniones familiares, el cierre de salones de fiesta y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación”.
- “También se plantea medidas adicionales por parte de los gobernadores. Si las medidas no funcionan tras 21 días, se da potestad al Gobierno nacional para tomar medidas para evitar pasar a alerta”, señalaron las fuentes.
- El estado de “alarma” es caracterizado por la cercanía de una saturación del sistema sanitario.
