El kirchnerismo frenó el ascenso de un grupo de militares propuestos por el Poder Ejecutivo y que habían pasado la Junta de Calificaciones de las Fuerzas Armadas. Para la oposición, se trata de maniobra para debilitar al jefe del Ejército, general Guillermo Olegario Pereda, e imponer a su segundo, el general Daniel López Blanco, que responde a César Milani.
La Comisión de Acuerdos, que preside la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, retomó el martes la discusión por los ascensos de Sergio Javier Pucheta, Juan Alberto Mercatelli, Rubén Daniel Algieri, Guillermo Darío Gomar, María Alejandra Freytes, Andrea Cristina Demarco, Roberto Casares, Pablo Fal y Gustavo Otero.
Ese grupo fue cuestionado por el oficialismo y había quedado en “reserva”, sujeto a nuevos estudios. La postergación de estos pliegos había generado malestar en las Fuerzas Armadas y finalmente, sólo los tres últimos militares (Casares, Fal y Otero) pasaron el filtro político y podrán ser ascendidos en la próxima sesión en el recinto.
La negativa para Pucheta, actual comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, es la que más ruido generó en el ámbito castrense, al ser el oficial más cercano a Pereda.
La oposición consideró que esto responde a “portación de apellido”, ya que su padre es militar y tiene dos hermanos que ya están retirados. Pero en el ámbito militar tienen otra teoría: el kichnerismo busca esmerilar el poder del jefe del Ejército con el objetivo final de colocar a López Blanco al frente del cuerpo.
López Blanco está vinculado con el senador kirchnerista Oscar Parrilli desde que llegó a la Casa Rosada como Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, cargo en el que estuvo entre 2012 y 2015 por disposición de Milani, entonces hombre fuerte del Ejército con acceso a la inteligencia nacional.
“No vamos a explicar públicamente los motivos (por los que fueron negaron los ascensos) por una cuestión de respeto de los miembros de las Fuerzas Armadas”, dijo Parrilli para justificar la propuesta del oficialismo. Entre los rechazados estarían un oficial que tiene una denuncia por acoso y otro con una causa por mala praxis.
Julio Martínez, senador radical por La Rioja, afirmó: “Esto que están haciendo por portación de apellido lo hacían en la Alemania nazi, tienen que dar explicaciones sobre lo que están haciendo acá”.
Martínez defendió a los oficiales que fueron propuestos por las Fuerzas Armadas y que fueron aprobados por la secretaría de Derechos Humanos y por el CELS. “¿Quién les da los datos para que tomen esta decisión, el Instituto Patria? Den explicaciones de estos carpetazos“.
Fuente: Con información de Clarín y La Nación.