El Gobierno nacional prepara un nuevo plan de retiros voluntarios para el personal civil de planta permanente de la administración pública nacional. El decreto que establecerá el régimen será publicado en los próximos días y, según informaron fuentes oficiales a Infobae, las inscripciones comenzarían en noviembre. La iniciativa busca profundizar la reducción de la dotación estatal iniciada por la gestión de Javier Milei.

El programa alcanzaría a los trabajadores de la administración pública centralizada y a los organismos desconcentrados, aunque no incluiría, en principio, a los organismos descentralizados. La diferencia responde a que los organismos desconcentrados forman parte de la administración central y no tienen personalidad jurídica propia, mientras que los descentralizados cuentan con autonomía jurídica y administrativa. La medida fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

En el Gobierno esperan que al menos 1.000 empleados adhieran al esquema. El programa estaría orientado especialmente a tres grupos: trabajadores que ya tienen la edad y los aportes necesarios para jubilarse; personas que están en edad jubilatoria pero todavía necesitan completar años de aportes; y empleados más jóvenes que quieran abandonar la administración pública. Las condiciones económicas variarían de acuerdo con la situación de cada trabajador.

La iniciativa se suma a otros programas de retiros que ya fueron aplicados en organismos estatales. ANSES, por ejemplo, puso en marcha en septiembre una segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para personal de planta permanente. La normativa establece que la adhesión es voluntaria y que cada solicitud queda sujeta a la evaluación y aprobación del organismo.

El Gobierno ya redujo la dotación estatal en más de 74.000 personas

Según una estimación del propio Gobierno, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la dotación del Estado nacional y las empresas estatales se redujo en 74.332 trabajadores. Esto representa una caída del 21,6% respecto del inicio de la gestión. El Ejecutivo calcula que la reducción generó un ahorro superior a los US$2.500 millones.

La administración pública nacional concentró 51.218 de las desvinculaciones, al pasar de 233.098 trabajadores en noviembre de 2023 a 181.880 en agosto de 2026. En las empresas y sociedades del Estado, la dotación cayó de 110.259 a 87.145 empleados, una reducción de 23.114 puestos.

Dentro de la administración nacional, el mayor descenso porcentual se produjo en la administración centralizada, integrada por los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete. Ese segmento pasó de 55.858 a 37.543 trabajadores, una reducción del 32,8%. La administración descentralizada, en tanto, registró la mayor caída en términos absolutos, con 26.775 empleados menos.

El antecedente del INTA y el rechazo de ATE

El nuevo esquema tendrá como antecedente los programas implementados en distintos organismos durante la actual gestión. En el INTA se ofreció un retiro equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes determinados según la edad. El organismo tenía unos 5.750 trabajadores activos y el objetivo oficial era reducir la planta hasta aproximadamente 4.500 empleados.

Finalmente, 905 agentes se adhirieron al programa, el 15,7% de la dotación y el 75,4% de la meta inicial de desvinculaciones. De ese total, 377 retiros habían recibido aprobación, mientras que otros casos quedaron sujetos a evaluación.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya manifestó su rechazo al nuevo régimen. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el gremio considera que los retiros pueden funcionar como “despidos encubiertos” y cuestionó que el Gobierno continúe con la reducción de la planta estatal. También advirtió que, si el programa avanza de manera generalizada, el sindicato podría impulsar medidas de fuerza.

El debate estará centrado ahora en el alcance concreto del decreto, las condiciones económicas para quienes adhieran y la cantidad de trabajadores que finalmente decidan abandonar la administración pública. La inscripción está prevista para noviembre, mientras el Gobierno busca profundizar una política que ya redujo en más de una quinta parte la dotación estatal contabilizada desde el inicio de la gestión.