El Gobierno convocará a una sesión especial la semana próxima en la Cámara de Diputados con el objetivo de aprobar la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, uno de los ejes centrales del nuevo Régimen Penal Juvenil. La convocatoria se concretará luego de que el oficialismo alcanzara consensos con sectores clave de la oposición, lo que allanó el camino para retomar el debate legislativo que había quedado trunco el año pasado.

El miércoles previo a la sesión se reunirá el plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes, y Presupuesto para firmar el dictamen correspondiente. Si bien el despacho obtenido en 2025 perdió estado parlamentario, desde los espacios que participaron de las negociaciones aseguran que se respetará el texto consensuado entonces, con mínimas modificaciones.

El proyecto original impulsado por el presidente Javier Milei proponía reducir la edad de imputabilidad a los 13 años, pero durante el tratamiento legislativo los bloques aliados —como el PRO, la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal— lograron imponer el límite en 14 años. Esa postura será sostenida nuevamente y es la que reúne mayor respaldo para avanzar con la media sanción. En el mismo sentido, el texto establece una pena máxima de 15 años de prisión efectiva para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, una rebaja respecto del tope vigente.

Las definiciones terminaron de cerrarse tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a jefes de bloque del oficialismo y de la oposición. Allí se acordó incorporar como único agregado un apartado presupuestario, a partir del reclamo de las provincias para que el costo de implementación del nuevo régimen no recaiga exclusivamente sobre sus arcas. La Casa Rosada se comprometió a habilitar convenios entre Nación y las jurisdicciones para cubrir ese gasto adicional.

Con este escenario, los bloques aliados descuentan que el oficialismo contará con los votos necesarios para aprobar la iniciativa.

El nuevo Régimen Penal Juvenil fijará en 14 años la edad mínima de punibilidad y priorizará la aplicación de penas alternativas a la prisión, que quedará reservada como último recurso. Entre esas medidas se incluyen tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima, reparación del daño, monitoreo electrónico y restricciones para concurrir a determinados lugares o conducir vehículos. La prisión podrá ser reemplazada por sanciones alternativas en delitos con penas de hasta tres años, o de hasta diez años cuando no haya mediado muerte ni violencia grave, siempre con aval del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima.

Además, el proyecto pone el foco en un abordaje integral de los menores condenados, con la creación de institutos especiales que garanticen el acceso a la educación, atención médica y tratamientos por adicciones, con personal especializado en infancia y adolescencia y prohibición absoluta de convivencia con detenidos adultos. También contempla programas educativos, de capacitación laboral, asistencia psicológica y seguimiento judicial, así como intervenciones específicas en casos de consumo problemático, salud mental o contextos familiares violentos.