El Gobierno nacional evalúa la conformación de una reforma previsional que reconfigure el sistema de jubilaciones de forma integral. Entre los puntos que se plantea modificar, la administración de Javier Milei intentaría instaurar la edad jubilatoria a los 65 años, tanto para hombres como mujeres.
Además, buscaría la aplicación de un modelo de capitalización similar al que existió en el país desde 1993 a 2008. El cual supone que cada trabajador acumule sus ahorros para su jubilación en una cuenta individual, normalmente gestionada por un privado.
Los encargados de confeccionar esta propuesta de reforma serían Julio Cordero, secretario de Trabajo de la Nación, y el titular del Anses, Mariano de los Heros.
El Gobierno estaría trabajando con un claro hermetismo esta reforma, esto al entender el gran cambio que supondría en la vida de millones de argentinos y el impacto negativo que podría suponer para el Gobierno de cara a las elecciones legislativas de 2025.
Por este motivo, la reforma no sería un asunto prioritario en la agenda del Gobierno de Javier Milei, pero sí se encuentra en la órbita de asuntos a tratar por la administración libertaria.
Problema con la relación trabajadores-jubilados
Por el momento, en la Argentina las jubilaciones se manejan por un régimen de reparto, donde son los empleados y empleadores los que, en conjunto, financian las jubilaciones.
Sin embargo, los problemas económicos del país dictaminaron que este sistema no pueda cumplir las necesidades de los jubilados y el Estado termine interviniendo, algo que va en contra de las ideas liberales de Milei y su Gobierno.
Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los recursos utilizados por el Gobierno en 2023 para mantener unas jubilaciones “dignas”, fue del 9% de PBI.
Además, los últimos datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social, en junio se registraron que hay cerca de 6 millones de jubilados en la Argentina, lo que supondría que por cada jubilado hay menos de dos personas trabajando (concretamente 1,7).
Los especialistas señalan que, para que se sostenga este sistema debería ser de 3 trabajadores por jubilado, algo que se complica con la cantidad de trabajadores que se mantienen en el trabajo irregular.
Con información de La Nación.