La gestión de Javier Milei al frente del Gobierno nacional denunció ante la Justicia a miles de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que viajaron fuera de Latinoamérica, en cruceros o aviones, y estuvieron más de un mes fuera del país entre 2020 y 2023.
La presentación ante el fiscal Eduardo Taiano fue realizada por el Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.
El funcionario viene reuniendo esta información desde la gestión de Alberto Fernández, en una causa que le delegó el juez federal Julián Ercolini.
La subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Daniela Gianni adjuntó un informe luego de cruzar las bases de datos de Migraciones con la de beneficiarios del Potenciar Trabajo.
El trabajo concluyó que entre marzo de 2020 -cuando se creó el programa- y diciembre de 2023 hubo 122.600 titulares activos que aparecieron en los registros migratorios.
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En detalle
Unos 85 titulares viajaron a destinos fuera de Latinoamérica, 2939 titulares tomaron aviones o cruceros, 14.695 titulares viajaron por un período mayor a 30 días. Y 4782 beneficiarios registraron más de un criterio analizado. En total, son 22.501 los titulares activos del plan Potenciar Trabajo que aparecen en al menos alguno de los tres criterios analizados, se indicó en el documento que el gobierno presentó ante la Justicia.
En febrero de 2024, los montos del programa del Potenciar Trabajo -que paga el ANSES- se mantienen en 78.000 pesos por cada beneficiario. Es la misma suma que percibieron en diciembre de 2023 y enero de 2024.
Las mayores sospechas son que gente que tiene empleo formal registrado, algunos prófugos de la Justicia o bien titulares de locales comerciales, así como arrendatarios, percibían el Potenciar Trabajo.
El accionar de la Justicia
Taiano solicitó a la AFIP un informe y pidió al Banco Central que notifique “cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y qué otros lo hacen por cajero”.
El primer movimiento del Gobierno en este sentido se dio el pasado 29 de diciembre, cuando Pettovello dio de baja 4.588 planes porque los beneficiarios eran empleados públicos en 14 provincias que fueron analizadas.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, ese programa dependía de Emilio Pérsico y la ministra era la actual diputada Victoria Tolosa Paz. Ambos quedaron imputados el año pasado por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas.
Uno de los datos revelados entonces fue que 160.000 personas viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas.