El presidente Javier Milei tiene tiempo hasta este jueves para oficializar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. En caso de no hacerlo, la norma será promulgada y comenzará a regir en todo el país. Sin embargo, en la Casa Rosada esperarán a que pase la segunda marcha universitaria para decidir sobre la iniciativa impulsada por el radicalismo.
De acuerdo con la Constitución Nacional, cada vez que el Congreso sanciona de manera definitiva una nueva ley, el Gobierno de turno tiene 10 días hábiles para avanzar con su promulgación o aplicar un veto parcial o total contra la norma.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el 13 de septiembre e ingresó al Poder Ejecutivo el pasado 19. Ese mismo día, Milei ordenó al secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo, que redactara el veto total de la ley.
El funcionario cumplió con el pedido y ya tiene listo el decreto que dejaría sin efecto la actualización de las partidas presupuestarias de las universidades públicas. Sin embargo, solo resta un trámite y trata de su publicación en el Boletín Oficial.
Si bien el propio jefe de Estado ha declarado públicamente que vetará la ley y todo proyecto que “atente” contra el equilibrio fiscal de las cuentas públicas, como sucedió con la movilidad jubilatoria, Milei todavía no ha dado el visto bueno para que se publique el veto en el Boletín.
El Gobierno es consciente de que el reloj de arena ya ha comenzado a funcionar y que la fecha límite para publicar el veto se acerca. Si para el viernes a primera hora no se comunica en el Boletín Oficial, el proyecto aprobado por ambas Cámaras pasaría a estar “promulgado de hecho” y se convertiría formalmente en ley, entrando así en vigencia. Sin embargo, el oficialismo evitará que esto ocurra.
Mientras tanto, en Balcarce 50, han intentado desarticular la movilización de este miércoles, convocada por todos los rectores del país, así como por los gremios docentes universitarios y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Una de las maniobras de “desmovilización” que intentó el Ejecutivo fue presentar una propuesta de aumento del 6,8% para los salarios de docentes y no docentes que trabajan en las universidades. Sin embargo, la oferta fue rechazada al ser considerada “insuficiente”.
Tras el rechazo, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, cuestionó la postura de los gremios universitarios y acusó a los rectores de “mentir” sobre la cantidad de alumnos que estudian en las altas casas de estudios del país.
“Hay aproximadamente 600.000 alumnos en las universidades nacionales, y no se sabe si están inscriptos en alguna materia. No está informada su inscripción. No sabemos sobre el 38%; no lo han informado, y los fondos se reparten de acuerdo con eso, que tiene que ver con la cantidad de estudiantes”, afirmó el funcionario.
Las declaraciones de Torrendell generaron el repudio de todo el arco político y de las autoridades universitarias. Mientras tanto, el radicalismo y Unión por la Patria adelantaron que se mantendrán firmes en su postura en defensa de la educación pública y de calidad.
La ley de Financiamiento Universitario que el presidente vetará este jueves actualiza, desde enero de este año, los presupuestos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, en función de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023.
Posteriormente, de manera bimestral, ajusta, según la inflación, previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), si se aprueba la medida, a partir de la recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la fecha, se estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de 738.595 millones de pesos, equivalentes a 0,14% del PBI”.