Con la llegada de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, la idea de que el Estado nacional traspase las obras públicas a las provincias comenzó a tomar cada vez más fuerzas. La iniciativa surge por el reclamo de los gobernadores hacia el exministro del Interior por la intención del presidente de Javier Milei de privatizarlas.
La noticia ha repercutido en diferentes maneras en los gobiernos provinciales ya que, en caso de concretarse, impactaría de lleno en sus arcas. Mientras tanto, la Casa Rosada “ve con buenos ojos” transferir los contratos relacionados con la obra pública.
Este traspaso se encuentra en el capítulo 3 de los artículos 64 a 73 de la Ley Bases, que logró dictamen este jueves. El apartado señala que el Poder Ejecutivo contará con la facultad de que, por razones de emergencia, “podrá disponer la reconducción de los contratos de obras y servicio públicos que estén paralizados, a efectos de posibilitar el aporte de financiamiento privado“.
La declaración de emergencia deberá ser controlada y aprobada por la Procuración del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación. Ante esta situación, diferentes mandatarios provinciales han manifestado que ven una oportunidad para, mediante fondos propios, poder volver a fortalecer a sus bancos locales.
Algunos mandatarios provinciales han tomado cartas en el asunto y se han comunicado con Casa Rosada para comenzar con el proceso de traspaso de algunas obras puntuales. Los primeros en manifestarse fueron los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck que apuntan a quedarse con rutas nacionales a cambio del cobro de peajes debido al “estado de abandono“.
Otro gobernador patagónico que hizo lo suyo fue Ignacio Torres de Chubut, que está en plena gestiones de tener la Ruta Nacional 3 y la 40. Para esta última, el dirigente del PRO, le exigió al líder de La Libertad Avanza el mantenimiento de su calzada.
En Casa Rosada se muestran confiados que con el correr de las semanas, otros gobernadores irán haciendo llegar sus respectivos pedidos de obras. Sobre todo a finales de 2024, ya que estarán “de cara a un próximo año electoral“.