“Hemos echado 50 mil empleados públicos. No solo eso, se dieron de baja contratos. Van a caer 70.000 contratos más”, expresó este martes el presidente Javier Milei en el cierre del Foro Económico Internacional de las Américas. Sin embargo, desde la Casa Rosada advierten que el recorte será inferior y hablan de un número cinco veces menor al que informó el mandatario.

Fuentes oficiales indicaron que “70.000 es el universo de contratos en revisión actualmente”, que “las bajas serán por etapas”. En tal sentido, aseguran que se rescindirían entre 10.000 y 15.000 contratos que vencen el 31 de marzo, mientras que al resto del personal que no pertenece a la planta permanente se le renovará el vínculo por un plazo de tres meses.

El número es incluso inferior al que temían los sindicatos, que auguraban una merma que podría alcanzar al 30% de la planta transitoria. Por ese motivo, gremialistas destacan que las declaraciones de Milei son nada más para la tribuna.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue el primero en contestar al Presidente. “No va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento”, señaló el dirigente gremial en la red social X.

En la misma sintonía se expresó Andrés Rodríguez (UPCN). “El gremio se opone a los despidos masivos. Echar empleados públicos de esta forma es condenar a la gente a la desocupación y el Estado va a recibir planteos judiciales, porque hay derechos laborales adquiridos”, dijo el sindicalista al diario Clarín.

Los trabajadores cesanteados han estado recibiendo desde este lunes la notificación del Gobierno de la no continuidad de sus contratos, informaron desde la Casa Rosada. Al tratarse de contratos y no de empleados de planta, el Estado no está obligado a enviar los telegramas de despidos.

Hasta el momento, las aéreas que más bajas se han notificado es el Anses y el Pami (alrededor de 1200). También figuran entes como el Conicet, el Instituto Nacional de Discapacidad y centros de Referencia de Desarrollo Social.

Abogados laboralistas han alertado al Gobierno de que “una importante cantidad” de trabajadores cesanteados poseen mucha antigüedad en la modalidad de contratación y pueden demandar al Estado en el fuero laboral, a título individual o con presentaciones colectivas.