El 2024 marcó el primer año de la gestión de Javier Milei como presidente de Argentina, acompañado por la denominada “motosierra”, que busca reducir los gastos en el Estado y así mejorar la economía nacional. En este 2025 el mandatario anticipó que profundizará esas medidas
Durante los primeros doce años de la administración libertaria hubo una drástica reducción del gasto público, con una recorte del 27% en términos reales, equivalente a cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Al considerar también a provincias y municipios, el ajuste consolidado asciende al 7% del PBI, un recorte sin precedentes en la historia reciente.
El impacto de este ajuste es evidente. Según el economista Emmanuel Álvarez Agis, “el año termina con una caída del PBI en el orden del -3%, que habría sido de -6% de no ser por la recuperación del agro tras la sequía de 2023”. La reducción del gasto se tradujo en una menor inversión y consumo, factores que explican el deterioro de la actividad económica.
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El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) destacó que esta contracción del gasto público fue la más pronunciada registrada en Argentina. “La fuerte baja en las erogaciones fue uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno”, afirmó Nadin Argañaraz, director del IARAF.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) también reportó un recorte interanual del 27% real en los gastos totales acumulados a noviembre de 2024, con una retracción especialmente fuerte en gastos de capital y transferencias a provincias.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), los sectores más afectados por la caída del gasto primario fueron las transferencias corrientes y las prestaciones de seguridad social, que en conjunto explican el 66,7% de la reducción. La paralización de la obra pública fue una de las consecuencias directas de los menores giros a las provincias, afectando también a la construcción y la industria.
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En materia social, las prestaciones de seguridad social, que representan el 40% del gasto total, sufrieron una caída significativa. La OPC informó que el poder adquisitivo de las jubilaciones cayó un 21% interanual a noviembre, pese a los bonos compensatorios para jubilados de menores ingresos. En tanto, las asignaciones familiares y programas como Volver al Trabajo experimentaron contracciones reales de entre el 20% y el 59%.
No obstante, hubo algunas políticas que mostraron mejoras. La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentó un 43% en términos reales, gracias a ajustes en su valor y a incrementos por movilidad. Este refuerzo contribuyó a reducir los índices de pobreza e indigencia en el tercer trimestre de 2024.
El ajuste también afectó a los ingresos fiscales. “La caída de la actividad económica impactó en la recaudación de impuestos como IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales, principales fuentes de financiamiento del gasto”, explicó Argañaraz. A nivel provincial y municipal, los gobiernos ajustaron principalmente el gasto salarial como respuesta a la merma de ingresos.
De cara a 2025, el Gobierno continuará aplicando el presupuesto de 2023, tras clausurar el debate parlamentario. Esto refuerza la perspectiva de un año de mayor austeridad, con implicancias económicas y sociales profundas, mientras se consolida el camino de la “motosierra profunda” anunciado por el presidente Milei.
Fuente: con información de Clarín.