La Administración General de Puertos (AGP), el organismo estatal encargado del puerto de Buenos Aires y la hidrovía del río Paraná, será disuelta por decreto esta semana, según confirmó el Gobierno nacional. La decisión busca reducir estructuras administrativas y optimizar recursos, según indicaron fuentes oficiales.
La medida incluye el cierre de la AGP y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, área que formalmente gestionaba la licitación de la hidrovía. En su lugar, se creará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo con autarquía financiera que dependerá del Ministerio de Economía. Este cambio generó preguntas sobre si se trata de una reestructuración efectiva o simplemente de un cambio de nombre.
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El momento elegido para la liquidación de la AGP es particularmente sensible. Actualmente, se está desarrollando la licitación del dragado de la vía navegable del río Paraná, una obra fundamental por donde transita el 80% de las exportaciones del país. Este proceso atrajo a empresas internacionales con un negocio proyectado de 9.000 millones de dólares, pero también despertó acusaciones cruzadas de falta de transparencia.
Desde 2021, el contrato de dragado estuvo en manos de la empresa belga Jan de Nul, que también tiene a su cargo el balizamiento del río. Este contrato fue motivo de controversias por los costos y su gestión, además de la deuda de 72 millones de dólares que la AGP dejó pendiente con esta compañía.
El decreto también establece el traspaso de los bienes, derechos y obligaciones de la AGP a la nueva Anpyn. Esto incluye el manejo del puerto de Buenos Aires, único en manos nacionales, mientras que los puertos restantes son administrados por las provincias. La decisión podría abrir nuevos interrogantes sobre las concesiones y los contratos vigentes, algunos prorrogados hasta 2027 y actualmente bajo cuestionamientos judiciales.
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La creación de la Anpyn también podría tener implicancias para el desarrollo de la zona portuaria. Algunos analistas especulan que el nuevo organismo podría ser un paso hacia un modelo similar al de la Corporación Puerto Madero, que transformó esa área en un emblema urbano.
En los últimos días, el Gobierno convocó a una asamblea para modificar la figura jurídica de la AGP, que pasó de ser una sociedad estatal a una sociedad anónima unipersonal. Este cambio administrativo, así como la designación de Gastón Alejo Benvenuto como interventor, marcó los pasos previos al cierre definitivo del organismo.
El cierre de la AGP se suma a otras decisiones recientes del Gobierno en la búsqueda de reducir costos estatales. Entre ellas, destaca la liquidación de Trenes Argentinos Capital Humano, que también fue considerada innecesaria. En ambos casos, las autoridades han subrayado la necesidad de simplificar estructuras para mejorar la eficiencia.
Fuente: con información de La Nación.