Las personas que deban testificar en causas penales ante la Justicia Federal, e implique riesgo para su vida, comenzaron a acceder desde ayer a un programa de protección de testigos. Se trata del Programa de Vigilancia y Atención de testigos en grado de exposición, el que rige al ser publicado, por decreto 2.475, en el Boletín Oficial.

    La implementación de este plan fue consensuado semanas atrás, cuando el gobernador Felipe Solá se reunió con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, y apunta a coayudar y cooperar con un plan similar implementado por la Nación.

    El Programa de Vigilancia y atención de testigos en grado de exposición contará con la asistencia financiera de la Nación y los recursos humanos y logísticos que aporta la Provincia. Tiene como objetivo limitar la exposición de testigos que en razón de la importancia de sus declaraciones –como prueba relevante de cargo en procesos penales ante el fuero federal– objetivamente puedan encontrarse en una situación de peligro.

    Sus destinatarios son ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que, en su carácter de testigos en causas federales, revistan la condición prevista en el punto precedente y que, además, declaren en procesos en etapa de juicio en los que ex represores militares o policiales sean investigados y juzgados.

    Para ser beneficiarios de dicho programa, el fiscal de la Cámara Federal o el juez de un tribunal deberá suministrar el nombre y demás datos de individualización del testigo a considerar. Además, deberá contarse en todos los casos con el consentimiento escrito del beneficiario y deberá consignarse el lapso por el que se solicita la medida, detallaron fuentes gubernamentales.

    El programa brindará a cada testigo un dispositivo de seguimiento informático que suministre en forma continua su georeferencia, con alerta de pánico, y un teléfono celular que le permita comunicarse las 24 horas con un centro de monitoreo. También ofrecerá asesoramiento y mejoramiento de las condiciones de seguridad del lugar de residencia permanente del testigo.

    Además, funcionará en el ámbito de la Policía de Seguridad de Custodias de Personas,Objetivos Fijos y Traslado de Detenidos, a cuyo efecto se crea el Centro de Monitoreo de Eventos. Las emergencias deberán atenderse con personal de dicha policía. El Centro de Monitoreo de Eventos llevará un registro actualizado con altas, bajas y contingencias habituales. Será financiado con asistencia del Gobierno federal, según el acuerdo celebrado entre el ministro del Interior de la Nación y el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

    PEDIDO. En este orden, testigos de una causa que investiga violaciones a los derechos humanos en Formosa pidieron ayer protección a las autoridades provinciales, por haber recibido amenazas de muerte en forma telefónica. Se trata de los declarantes en una causa que investiga las desapariciones del abogado paraguayo Fausto Carrillo y de un grupo de ciudadanos formoseños durante la última dictadura militar.

    En una conferencia de prensa convocada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH),Nelly Daldovo, intendente de la localidad de Riacho He He y testigo en esa causa, reconoció tener miedo.