El gobierno nacional aguarda la inminente decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos sobre si mantiene la suspensión de un fallo que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a Burford Capital como forma de pago de una indemnización por USD 16.100 millones. Según trascendió, la resolución podría conocerse este miércoles.

El caso se originó en la sentencia de la jueza federal Loretta Preska, que condenó al país por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que se incumplió el estatuto societario. Burford adquirió los derechos de litigio de los demandantes originales y, aunque la orden judicial dispone la entrega de las acciones, el fondo dejó trascender que no busca quedarse con esos títulos, sino avanzar hacia una negociación con la Argentina.

La administración de Javier Milei solicitó a la Corte de Apelaciones que mantenga el “stay” (suspensión) de la orden de Preska, medida que rige de forma temporal mientras se resuelve la apelación principal, prevista para el 27 de octubre, cuando se realice la audiencia oral para discutir la validez del fallo. Entre las opciones que maneja el tribunal están aceptar la suspensión, rechazarla o concederla bajo la condición de que el país presente una garantía alternativa. En caso de un revés, el Gobierno recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que una decisión desfavorable sería “incumplible” por la vigencia de la ley que estableció la expropiación de YPF, que obliga a que cualquier venta de acciones estatales cuente con la aprobación del Congreso con una mayoría especial. Según Francos, la jueza Preska “está invadiendo una jurisdicción” al ordenar la entrega de títulos que están “registrados en la Caja de Valores” y que son “de imposible expropiación”.

En paralelo, fuentes cercanas a Burford señalaron que no hubo reuniones recientes con funcionarios argentinos desde un encuentro en 2024 con Francos. La empresa presume que el Gobierno evita un contacto directo por temor a eventuales denuncias penales, como las que enfrentaron funcionarios entre 2015 y 2023.

Desde la Procuración del Tesoro, que coordina la defensa junto al estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, evitaron anticipar pronósticos y aseguraron que se evalúan todos los escenarios. Mientras tanto, el mercado sigue de cerca la definición: desde el 7 de agosto, las acciones de YPF cayeron alrededor de 5%, mientras que los papeles de Burford se mantuvieron estables. Analistas prevén que el fallo cautelar podría provocar movimientos significativos en ambos activos y marcar el rumbo de uno de los litigios internacionales más relevantes para la Argentina.