Alrededor de 30 allanamientos se realizaron este lunes en el marco de una investigación por posibles extorsiones de varios dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a protestas.
Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.
La investigación desde entonces implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por los delitos de extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Entre ellos están Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.
El caso se inició en diciembre del año pasado, antes de la primera gran marcha piquetera contra Javier Milei, cuando el Gobierno habilitó la línea telefónica 134 para denunciar supuestas extorsiones que realizaran piqueteros para obligar a los beneficiarios de planes sociales a acudir a las manifestaciones. Hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias.
La investigación tuvo un trámite sigiloso de más de cuatro meses en la Justicia hasta la mañana de este lunes, cuando se desarrollaron los allanamientos donde se secuestró dinero y documentos supuestamente provenientes de planes sociales que recibían del Estado. En tal sentido, la Justicia accedió a una serie de audios que ratifican las denuncias y confirman que a cambio del cobro del beneficio se les pide a los beneficiarios el pago de una cuota mensual o que por motivos ideológicos se les saca el plan social a quienes lo reciben.
La dinámica se basaba en “exigir coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’”.
Se realizaron escuchas telefónicas directas sobre los acusados y se establecieron los mensajes que intercambiaban. Así, los investigadores lograron detectar una presunta maquinaria montada con dinero de planes sociales y alimentos que tenían por destino final los comedores, pero que habría sido desviado hacia la venta al público en barriadas de bajos recursos.
De acuerdo con la investigación, para recibir un plan, cada beneficiario debía aportar un porcentaje del dinero que cobraba. También los obligaban a vender por la zona la comida recibida del Estado, quedándose los acusados con las ganancias, y los forzaban a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas, bajo amenaza de quitarles la prestación social.
Incluso se comprobó la existencia de un sistema de control donde a las personas que no acudían a las manifestaciones se las sancionaba si no conseguían “justificar” sus ausencias a las movilizaciones con “comprobantes”.
El fiscal Pollicita, al fundar la necesidad de indagar a los sospechosos, dijo que estableció la existencia de estructuras piramidales al interior de cada organización.
- El líder piquetero es la cara visible ante los medios y el gobierno.
- Los referentes, que están a cargo de barrios y varios comedores. Intimidaban a las víctimas y controlaban la recaudación.
- Los delegados, que tienen la condición del viejo puntero, que está en un barrio y organiza un comedor. Se encargaban de cobrar las cuotas y establecer las sanciones.
- Las cuadrillas o esenciales, que son los que convocan y proponen a los beneficiarios.
- Los beneficiarios comunes, que perciben la prestación social y, a cambio, se les exige dinero y su asistencia a las movilizaciones.
- Las “listas de espera”, conformadas por personas que esperan cumplir determinadas movilizaciones para acceder al Plan Potenciar Trabajo.