En medio de las tensiones en el Frente de Todos tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Secretaría de Energía que dirige Darío Martínez convocó a las audiencias públicas entre el 10 y el 12 de mayo para avanzar con los nuevos aumentos de tarifas para la luz y el gas, que comenzarán a regir a partir del 1 de junio.

Esta instancia es una condición indispensable para aplicar el nuevo cuadro tarifario que tendrá dos particularidades: el 10% de los usuarios residenciales dejará de recibir subsidios porque tienen mayores ingresos, por lo que el impacto del aumento será del 100% en este segmento; los incrementos para el resto de los usuarios estarán atados a la evolución de los salarios, por lo que podría llegar al 42%. 

La convocatoria se da en la interna que hay en el Gobierno nacional. Es que el llamado tendría que haber sido realizado por dos organismos autárquicos, ENRE y ENARGAS, pero a pesar de las directivas de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía los funcionarios del kirchnerismo que manejan estas reparticiones ya rechazaron los aumentos que ha pedido el FMI por el acuerdo. 

De hecho, el propio Martínez tuvo cruces con el ministro de Economía, Martín Guzmán, por la reducción de subsidios. 

Debido a estas diferencias, fue la Secretaría de Energía la que activó los llamados y se espera su publicación en el Boletín Oficial. “Se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno Nacional en el programa económico que apunta a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”, argumentaron desde la cartera que dirige Martínez.

En Energía, sostuvieron a través de ese comunicado que los aumentos serán dados bajo el principio de la gradualidad y de segmentación que diferenciará a usuarios de la tarifa social, el 10% de mayores ingresos y un tercer grupo que tendrán incrementos por debajo de la variación de los salarios.

En el caso de la luz, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%, explicaron desde Energía.

Respecto a las tarifas de gas, la “corrección promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país se ubicará en 21,5% con leves variaciones según las regiones”.

El Gobierno propone que el incremento total en la factura para cada año calendario sea equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior.

“Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre serán inferiores a sus aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de sus ingresos en términos reales, con el objetivo de proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios”, señalaron en el comunicado.

A su vez, el 10% de usuarios residenciales de gas y electricidad con mayor capacidad de pago son los que dejarán de recibir subsidios.