La madrugada de este miércoles, vecinos del Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, protagonizaron una escena que estremeció al país: trasladaron más de 50 cadáveres hasta la plaza São Lucas, luego de hallarlos en una zona entre los complejos de Alemão y Penha.

Los hechos ocurren apenas un día después del megaoperativo de las fuerzas de seguridad en los complejos de Alemão y Penha, dirigido contra la facción criminal Comando Vermelho (CV).

Más de 2.500 agentes de la policía de Río de Janeiro se enfrentaron en las calles de esa favela al violento grupo narco. Sin embargo, el conflicto derivó en una ola de violencia sin precedentes y en denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Los cuerpos fueron depositados en el suelo, uno al lado del otro, mientras familiares intentaban reconocer a las víctimas entre gritos y llantos. Según testigos, uno de los cuerpos fue hallado decapitado, y el traslado se realizó con ayuda de personas en situación de calle y menores de edad.

El balance oficial difundido por las autoridades indica 64 personas muertas y 81 detenidas, entre ellas cuatro policías. Sin embargo, activistas y organizaciones sociales sostienen que la cifra real podría superar los 120 fallecidos, ya que los cuerpos hallados en la madrugada no figuran en el conteo oficial.

La Defensa Civil acudió a la plaza a primeras horas del día para retirar los cuerpos, mientras la Secretaría de Seguridad del estado aún no emitía un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Reclamo internacional y acusaciones de masacre

El reconocido activista Raull Santiago, uno de los referentes del Complexo do Alemão, afirmó que la exposición pública de los cuerpos fue una iniciativa de los familiares para “mostrar en qué condiciones fueron encontrados”.

“Es una escena que entra en la historia de terror de Brasil”, señaló.

Por su parte, el defensor de derechos humanos Orlando Fróes calificó la intervención como “la mayor masacre de la historia de Río de Janeiro”.

Ante la magnitud de los hechos, organizaciones humanitarias solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el envío de peritos e interventores internacionales para investigar presuntas ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales.