El geriátrico en Las Heras donde murió un hombre de 79 años, luego de un corte de energía eléctrica, funcionaba de manera clandestina. No contaba con habilitación municipal y tampoco con autorización sanitaria. Ahora, la Municipalidad y el Ministerio de Salud confirmó que 9 adultos mayores ya fueron reubicados con sus familiares, menos uno que “no lo quieren retirar” y el caso se judicializará.
Así lo confirmaron fuentes del ministerio, que explicaron cuál fue la intervención de cada organismo luego del fallecimiento del anciano y aseguraron que el inmueble ya está en condiciones de ser “clausurado”.
Desde el municipio indicaron que el domicilio figuraba únicamente como una vivienda particular.
“No existe ningún expediente municipal, ni pedido de habilitación comercial”, señalaron desde el área de Comercio a El Sol , que calificó al establecimiento como un geriátrico clandestino.
Desde Las Heras aclararon que, en un principio, “no podían colocar una faja de clausura de manera inmediata“. El motivo era que todavía permanecían diez adultos mayores en el lugar, por lo que primero debió intervenir el Ministerio de Salud para evaluar el estado de cada residente y coordinar, junto con las familias, su eventual traslado.
“La prioridad fue garantizar la situación de las personas alojadas antes de ejecutar cualquier medida administrativa”, explicaron desde el municipio.
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En paralelo, Salud confirmó que médicos auditores y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) revisaron a todos los residentes luego del operativo.
El director de Adultos Mayores, Lucas Luppo, informó a El Sol que los diez adultos mayores que permanecían en el establecimiento presentaban un buen estado general de salud al momento de la inspección.
El funcionario recordó que una residencia de larga estadía necesita cumplir dos requisitos obligatorios: una habilitación comercial, otorgada por el municipio correspondiente, y una sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, que evalúa las condiciones edilicias, sanitarias y sociales del establecimiento.
En el caso del inmueble señalado, no tenía ninguna de las dos porque los responsables nunca notificaron el inicio de la actividad.
La investigación judicial
El caso, revelado por este diario, se originó luego de la muerte de un hombre de 79 años que necesitaba asistencia respiratoria. De acuerdo con la investigación, un corte de energía eléctrica dejó fuera de funcionamiento el equipo que utilizaba y el adulto mayor falleció posteriormente.
La responsable del establecimiento fue detenida y la causa avanzó bajo la órbita de la Justicia, que busca determinar las responsabilidades penales. Dicha persona sería imputada por abandono de persona seguido de muerte, un delito que el Código Penal castiga con penas de 5 a 15 años de prisión (no es excarcelable).
Otro dato que surgió durante las primeras actuaciones es que el hombre no figuraba registrado como electrodependiente, una condición que permite establecer protocolos especiales frente a cortes programados del suministro eléctrico.
La víctima, identificada como Raúl Pereira, padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en estado avanzado, una patología que provoca una obstrucción progresiva del flujo de aire hacia los pulmones y que, en sus etapas finales, suele requerir asistencia permanente con equipos de oxigenoterapia o soporte respiratorio.