La ONU dio luz verde este jueves a la creación de una comisión internacional con un amplio mandato para investigar las violaciones de los derechos humanos antes y durante al último conflicto entre palestinos e israelíes, que cesó hace una semana tras provocar unos 240 muertos entre los primeros y más de una decena entre los segundos. Entre los países que votaron a favor, figura Argentina, que tampoco condenó los ataques de Hamás. 

La decisión fue tomada en una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), convocada a petición de más de sesenta países y al inicio de la cual la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que los ataques de misiles lanzados por Israel contra Gaza pueden constituir crímenes de guerra.

La resolución recibió 24 votos a favor, 9 en contra y hubo 14 países que se abstuvieron. Entre los que dieron su apoyo a la iniciativa, figuran cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Cuba, México y Venezuela. No hubo condena contra la organización terrorista palestina por parte de estos países. 

Es la segunda ocasión en un mes la que Argentina marca diferencias con el Estado de Israel por este conflicto. El 11 de mayo, un comunicado de Cancillería cuestionaba “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes ante protestas por posibles desalojos de familias palestinas”. Esa postura fue duramente cuestionada por la embajadora israelí en el país, Galit Ronen, y por la oposición. 

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Europa no tuvo una posición única, con Alemania y Austria que rechazaron la resolución por considerar que estaba demasiado enfocada en culpabilizar a Israel y no cubría suficientemente las responsabilidades de Hamás (que gobierna de facto Gaza desde 2007), que disparó más de 4.000 cohetes contra Israel en los once días que duró el conflicto, mientras que Francia prefirió abstenerse.

Bachelet recordó que los israelíes están protegidos por un sistema de interceptación y desvío de cohetes conocido como “Cúpula de Hierro” y una de las mejores fuerzas armadas del planeta, mientras los civiles palestinos carecen de cualquier defensa.

La resolución aprobada encarga a la nueva comisión -cuyos miembros deberán ser designados por la presidencia del CDH, en estos momentos a cargo de Fiji- que investigue lo ocurrido no desde el pasado 6 de mayo, fecha que se considera el inicio de los enfrentamientos– sino desde el 13 de abril.

La fecha indicada coincide con el primer día del Ramadán y con un hecho reportado escasamente.

Según el diario The New York Times, ese día un grupo de policías israelíes entró en la mezquita de Al Aqsa de Jerusalén para cortar los cables de los altavoces que transmitían las oraciones desde los minaretes y evitar que así el sonido tapara el de un discurso conmemorativo que se iba a pronunciar en el Muro de los Lamentaciones, el lugar más sagrado del judaísmo y situado al pie mismo de la conocida como Explanada de las Mezquitas, en el mismo complejo.

Posteriormente empezaron las protestas contra el desalojos de familias palestinas que vivían en Jerusalén Este, considerado territorio ocupado en el derecho internacional, que las fuerzas de seguridad israelíes intentaron dispersar.

La resolución encarga a la comisión por crearse que registre y preserve toda la información que encuentre en caso de que pueda servir de prueba en eventuales procesos legales, que identifique a los responsables de las violaciones y que recomiende medidas que podrían servir para hacer justicia.

Asimismo, pide a los Estados que se abstengan de transferir armamento cuando exista el riesgo de que éste podría ser usado para cometer violaciones graves de los derechos humanos.