Entraron en vigor los nuevos aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump a una amplia gama de productos brasileños, en una decisión que multiplica por cinco las tasas anteriores y representa un fuerte golpe a las exportaciones del país sudamericano.
La medida, oficializada este miércoles mediante una orden ejecutiva, es interpretada como una respuesta directa al juicio penal contra el ex mandatario Jair Bolsonaro, quien enfrenta cargos por presuntamente intentar desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, ganadas por Luiz Inácio Lula da Silva.
Los nuevos gravámenes afectan a aproximadamente el 36% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos, según cifras del vicepresidente Geraldo Alckmin, e incluyen productos clave como el café, la carne y el azúcar. Pese al aumento, el gobierno estadounidense dejó fuera del alcance de los aranceles a más de 700 productos, como el jugo de naranja, los fertilizantes, las aeronaves civiles y sus partes, metales preciosos y pasta de celulosa, con el objetivo de mitigar el impacto directo sobre ciertas industrias.
“El impacto podría haber sido mayor”, sostuvo Valentina Sader, analista del Atlantic Council. “Los aranceles no son una buena noticia, pero se esperaba algo peor”, señaló, y agregó que el gobierno brasileño podría aplicar subsidios para los sectores más afectados y acelerar la diversificación de sus mercados de exportación.
En el documento oficial, la Casa Blanca consideró que las políticas del presidente Lula representan “una amenaza inusual y extraordinaria” para la economía, la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Trump argumentó que el juicio contra Bolsonaro “carece de justificación objetiva” y denunció una supuesta “persecución política”.
La tensión bilateral se agravó con la decisión de un juez brasileño, Alexandre de Moraes, de imponer arresto domiciliario a Bolsonaro por violar la prohibición de utilizar redes sociales durante el proceso judicial, tras haber difundido mensajes a través de terceros. La reacción en Washington fue inmediata: el Departamento de Estado denunció la medida y afirmó que “amenaza la democracia”.
“El ministro Alexandre de Moraes, ya sancionado por Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, continúa usando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición”, expresó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en redes sociales. “¡Dejen a Bolsonaro hablar!”.
La decisión contra Brasil se da en el contexto de un endurecimiento generalizado de la política comercial estadounidense. Desde este jueves, una nueva ronda de aumentos arancelarios entrará en vigor para decenas de economías, incluida la Unión Europea y Taiwán. Estos incrementos podrían llevar la tasa media efectiva de aranceles en EE.UU. al 20%, su nivel más alto desde la década de 1930.
Desde Brasil, la respuesta oficial fue cauta pero firme. “La soberanía brasileña no está en discusión”, declaró Valentina Sader, al referirse a la posición del gobierno de Lula. “El presidente ha manifestado apertura al diálogo, pero rechaza cualquier forma de injerencia extranjera en los asuntos internos del país”.