BEIJING (DPA). Con mano dura y un gran despliegue policial, consiguió ayer el Gobierno central chino estabilizar la situación en la región de Xinjiang, en el extremo oeste del país, donde algunos representantes amenazaron con duras medidas de castigo e, incluso, la pena de muerte a los que provocaron los disturbios. Las figuras claves de la revuelta, que empezó el domingo y por la que murieron más de 150 personas según datos oficiales, podrían ser condenadas a la pena de muerte, dijo Li Zhi, el secretario del Partido Comunista de China en Urumqi, la capital de Xinjiang.
Li también se refirió a los posibles líderes de las violentas protestas como “elementos asesinos”. El ministro de Estado para Seguridad Pública, Meng Jiangzhu, también anunció medidas de castigo. La policía en Xinjiang detuvo hasta ahora a casi 1.400 personas. Según datos oficiales, más de 150 personas murieron y unas 800 resultaron heridas desde el domingo.
Un representante del Consejo Mundial de los Uigures en la sede alemana de Múnich habló, sin embargo, de entre 600 y 800 víctimas. También Rebiya Kadder, una conocida representante uigur exiliada en EEUU, acusó a los líderes políticos chinos de instigar a la violencia étnica contra la minoría uigur.
“El Gobierno chino es conocido por fomentar las tendencias nacionalistas entre los chinos”, apuntó Kadeer. En China, el Partido Comunista chino reiteró, por su parte, sus llamamientos a la calma y a la unidad étnica en Xinjiang, en medio de protestas reducidas e informaciones acerca de represalias de chinos de la etnia mayoritaria han contra la minoría uigur.