Bogotá (efe). El hallazgo de armas de procedencia venezolana en poder de las FARC sigue distanciando a los Gobiernos de Colombia y Venezuela, que ayer discreparon en torno a si el primero informó al segundo de los hechos antes de “salir a acusar”.
Un día después del que el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunciase la congelación de las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia, su vicepresidente, Ramón Carrizales, dijo que “lo correcto y lo sano hubiera sido que el Gobierno colombiano informara para que se activasen los mecanismos correspondientes”.
Casi al mismo tiempo, un comunicado oficial colombiano señalaba que el canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, le entregó el 2 de junio a su colega venezolano, Nicolás Maduro, un documento en el cual “se evidencia” que las FARC poseían tres lanzacohetes pertenecientes a un lote vendido por Suecia a Venezuela en 1988.
El Gobierno sueco confirmó el martes por los números de serie que los lanzacohetes incautados en octubre del 2008 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron vendidos a Venezuela, y le pidió explicaciones a la administración de ese país acerca de cómo fueron a parar a ese grupo considerado “terrorista” por la Unión Europea.
La divulgación ahora de una incautación que data de octubre del 2008 ha servido de detonante a una crisis que se incubaba desde que este mes se conoció la negociación en curso para que EEUU usara bases militares en Colombia, tras la no renovación del contrato que tenía para operar la de Manta (Ecuador).
Carrizales negó ayer que el Gobierno venezolano suministre armamento a grupos irregulares colombianos, aunque aseveró que actuará “sin contemplaciones” si descubre que “alguien” dentro o fuera de la Fuerza Armada Nacional lo ha hecho.
“Si descubrimos que alguien está traficando de alguna manera o tiene relación de alguna manera con irregulares colombianos, pues nosotros actuaremos. No tenemos compromisos ni contemplación con alguien que infrinja la ley”, declaró el vicepresidente venezolano.
En Costa Rica, donde el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, participa en la Cumbre de Tuxla, su secretario de prensa, César Mauricio Velázquez, leyó una declaración de diez puntos que, según dijo, por ahora va a ser el único comentario oficial respecto del roce con Venezuela.
Según la declaración, Bermúdez entregó también a Maduro “información documental, en la cual dos cabecillas de ese grupo terrorista de las FARC mencionan la colaboración, por parte de tres altos funcionarios del Gobierno venezolano, en la entrega de lanzacohetes de características similares a los que posteriormente fueron incautados por la fuerza pública colombiana”.
El Gobierno colombiano aseguró que transmitió a Venezuela esta información “de manera discreta, con el propósito de obtener una aclaración” por parte de la administración de Chávez, pero, hasta ahora, “no ha dado respuesta alguna”.
La declaración oficial también advierte que el Gobierno colombiano ha recibido información de que las FARC están tratando de obtener “misiles tierra-aire a través de traficantes internacionales de armas de otros países”.
Chávez advirtió el martes, cuando ordenó el retiro del embajador venezolano en Colombia, Gustavo Márquez, y congeló las relaciones comerciales, que romperá definitivamente los lazos con Colombia si hay una “próxima declaración verbal” del gobierno de Uribe que signifique una “nueva agresión”.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien también participa en la Cumbre de Tuxtla, pidió ayer al presidente Chávez que no aplique medidas contra Colombia y recurra al diálogo para resolver las diferencias.
Según Carrizales, “por ahora” el Gobierno venezolano no ha dictado instrucción para cerrar la frontera común, de 2.219 kilómetros, ni el “tránsito de mercancías”, pero se “está estudiando todo: el comercio y las empresas” colombianas instaladas en Venezuela.