El acuerdo entre el Estado provincial y las distribuidoras eléctricas supuso meses de negociación, de tires y aflojes ante el reclamo empresarial. Fue cumplida la audiencia pública transaccional, el paso constitucional obligatorio para este tipo de decisiones. No es algo menor, aunque no sea vinculante, puesto que la Provincia tiene que ser clara y transparente al informar a los usuarios del sistema los alcances de lo que se negoció. Lo que resta es que los distintos gobiernos hagan cumplir el plan de inversión que se convino con las distribuidoras eléctricas. Ese es uno de los elementos centrales por el que a las firmas se les autorizó un incremento extraordinario que les permita financiar estos trabajos. Más allá de los avatares de la macroeconomía, lo que hace falta en el fondo es que haya políticas energéticas que den certidumbre a las distribuidoras y a los consumidores para evitar que estas situaciones se remedien con parches en el tiempo.