Hay una situación inédita que se está dando en diversos estamentos del Gobierno nacional y que pueden ser considerados como síntomas de las fracturas expuestas a las que está sometido el oficialismo. Se trata de aquellos funcionarios que han salido a cuestionar al presidente por el acuerdo con el FMI, o por alguna otra razón que consideran valedera, pero que a la vez resisten en sus puestos y, envalentonados, no renuncian aunque hagan públicas sus diferencias.
Es decir, no ven como un problema destilar los asuntos internos. Incluso, hay situaciones absurdas y hasta incómodas, como una periodista cercana a la vicepresidenta que llegó a firmar dos cartas: una de apoyo a Alberto Fernández y otra en contra. Sin ponerse roja, siquiera. Da la sensación que vale más estar atado al cargo que volver a la incertidumbre del llano.
Esto permite entender que la tensión lleva a pasajes que, hacia afuera del Gobierno, dan vergüenza ajena pero también preocupación porque se interpreta que la puja se lo puede llevar todo. Y ahí el problema será más grave, porque corre peligro la institucionalidad. En un sistema presidencialista como el nuestro, si la figura del primer mandatario no tiene volúmen político, si es contradicho y hasta menospreciado en audios que se hacen públicos desde la fuerza que lo impulsó al poder, entonces cualquier decisión que tome carecerá de músculo y hasta de dirección. La cuestión es que, al final, nos involucra a todos.