En Mendoza hay testigos, denunciantes o víctimas de diversos hechos que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de una intervención directa en una investigación penal porque no están recibiendo la protección necesaria para preservar su seguridad o que se requiere para combatir al mundo delictivo.
En el oeste de Godoy Cruz vienen ocurriendo desde hace meses ataques armados contra jóvenes que han declarado en expedientes que vinculan a organizaciones narco, y poco se ha hecho para evitar que sufran daños en su integridad física.
En la Fiscalía de Homicidios se instruyen dos expedientes que vinculan a un soldadito de una banda delictiva con poder en el citado sector –tal como se refleja en esta edición–, y, al menos, cinco testigos directos de los casos y hasta un denunciante han sido baleados o amenazados para que cambien sus versiones.
Esta situación pone en riesgo la vida de las personas y también el futuro de la causa, que podría tener un quiebre cuando se desarrolle el juicio oral. Algunos testigos han salvado su vida de milagro en sus casas o lugares que frecuentaban, pero terminaron pagando con su cuerpo la valentía de ir a declarar en contra de personajes que generan terror. Ante los hechos, es evidente que algunas instituciones están fallando y se requiere un abordaje integral para evitar que estos continúen pasando.
En la provincia existen zonas denominadas “rojas” a las que pocos acceden, y es allí donde nace el delito. Si no se protege a quienes aportan las pruebas necesarias para encaminar una instrucción, difícilmente, después, los resultados sean los esperados.