La jueza Dolores Ramón dictó este martes la prisión preventiva para el penitenciario acusado de abusar sexualmente de una mujer detenida en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.) del Polo Judicial. La magistrada hizo lugar al pedido formulado por la fiscal Florencia Díaz Peralta y la querella, y rechazó todos los planteos de la defensa encabezada por Enoc Ortiz.
El suboficial ayudante del Servicio Penitenciario continuará detenido mientras avanza la investigación por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por personal de las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones, una figura que prevé severas penas de prisión.
La resolución fue adoptada en el expediente donde la fiscalía sostiene que el hecho ocurrió cuando la denunciante se encontraba privada de la libertad y bajo custodia del ahora imputado, en un caso que fue revelado por El Sol.
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Durante la audiencia de este martes, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria argumentando una compleja situación familiar: un padre con una enfermedad que le provocó la inmovilidad de parte del cuerpo, una madre bajo tratamiento oncológico y un hijo de 4 años con diagnóstico de autismo. Sin embargo, la jueza descartó esos argumentos y mantuvo la medida de coerción más gravosa.
La estrategia defensiva también apuntó a desacreditar la denuncia. La defensa sostuvo que la mujer habría inventado el abuso para evitar ser trasladada al penal Almafuerte y así obtener la libertad. Además, remarcó que los estudios genéticos no habían detectado ADN del penitenciario ni en el cuerpo ni en las prendas de vestir de la denunciante.
Frente a ese planteo, la fiscal Díaz Peralta expuso uno de los elementos que considera clave en la causa. Explicó que un primer estudio detectó la presencia de una vitamina asociada al semen, lo que motivó una segunda pericia microscópica destinada a buscar cabezas de espermatozoides.
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Según detalló la investigadora, esos elementos no fueron hallados porque el sospechoso se había practicado una vasectomía, circunstancia que, de acuerdo con la acusación, explica la ausencia de espermatozoides pese a la existencia de otros rastros biológicos compatibles.
Ese dato ya había surgido de la propia denunciante en una entrevista que realizó con este diario. La mujer relató que durante el ataque le pidió al penitenciario que no eyaculara porque temía contraer alguna enfermedad.
Según su versión, el agente le respondió que no había riesgo porque se había realizado una vasectomía. Para la fiscalía, esa referencia previa adquirió relevancia al coincidir con la información incorporada posteriormente al expediente.
La jueza también valoró especialmente la actitud de la denunciante. Durante la audiencia destacó que la mujer se animó a denunciar pese a encontrarse en un contexto de encierro y vulnerabilidad, una situación que, según entendió, dificulta cualquier posibilidad de revelar hechos de esa naturaleza.
Además, cuestionó la postura de algunas agentes penitenciarias que declararon en favor del imputado y desestimaron inicialmente el relato de la víctima.
Otro aspecto que sobrevoló la audiencia fueron las presuntas presiones sufridas por la denunciante después de radicar la acusación. Según la investigación, un hermano de la mujer, también integrante del Servicio Penitenciario, habría recibido aprietes para que la víctima retirara la denuncia con el argumento de la situación del hijo con autismo del acusado, un dato que posteriormente le jugó en contra a la defensa al solicitar la prisión domiciliaria.
La resolución se produjo en una causa que ya reúne una serie de elementos considerados relevantes por la fiscalía y la querella, representada por Franco Migliavacca y Emiliano Marlia.
Entre ellos figuran registros de cámaras de seguridad que ubicaron al imputado y a la mujer ingresando en varias oportunidades al baño donde habría ocurrido el hecho, informes médicos que constataron lesiones compatibles con presión en la zona del cuello, el hallazgo de dinero oculto entre las pertenencias de la denunciante y estudios biológicos incorporados al expediente.
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Uno de los registros más comprometedores para el acusado muestra que el penitenciario ingresó junto a la denunciante al sanitario, salió y regresó menos de un minuto después, permaneciendo cerca de tres minutos en el interior.
Posteriormente, volvió con una mochila y, según la hipótesis acusatoria, le habría entregado dinero para que guardara silencio. La mujer sostuvo desde el inicio que recibió aproximadamente 30.000 pesos y que el agente intentó comprar su silencio tras el abuso.
“Me dijo ‘tengamos sexo un ratito’ y ‘yo soy el jefe acá’”, relató la denunciante al reconstruir el episodio durante la charla con El Sol. También aseguró que la amenazó con armarle una causa si hablaba y que inicialmente algunas funcionarias se burlaron de su denuncia.