Durante los últimos días se vieron manifestaciones de repudio por parte de todo el arco político contra las protestas violentas que sufrió Alberto Fernández en la Patagonia. Fue una suerte de reacción republicana con un halo de corporativismo político: si los reclamos enardecidos pudieron llegar a metros del presidente, cualquier dirigente puede convertirse en blanco fácil. Y eso no está bueno.
El análisis tiene que hacer foco en la actitud de la clase política frente a hechos de estas características. Salir rápidamente a mostrarse en contra de cualquier expresión de violencia es coyuntural a la práctica democrática. El tema es cuando un sector no sólo la festeja sino que la instiga.
Más allá de los desatinos que puede tener el Gobierno actual, está claro que las vías para oponerse son las establecidas institucionalmente. El Congreso, por ejemplo, es el lugar donde están en pugna las diferentes fuerzas, y es ahí donde la democracia debe vibrar.
Fue, justamente, el Parlamento argentino el epicentro de un ataque brutal; con arrebatos que terminaron por interrumpir una sesión legislativa. Ocurrió en el 2017, durante el debate para impulsar cambios previsionales. En ese momento, una horda arrojó más de 14 toneladas de piedras y se enfrentó a la policía, que estaba en desventaja numérica.
La oposición en aquel momento –el oficialismo actual–, no sólo no repudió lo sucedido sino que denunció que hubo represión policial a pesar de que las imágenes eran explícitas y salió a festejar que, como consecuencia del ataque contra el Congreso, se había levantado la sesión.
Son tiempos álgidos. El humor social atraviesa sus peores momentos. Es tiempo de lograr consensos y apaciguar los ánimos. Y, sobre todo, de mantener coherencia.