Cada vez que explota un conflicto de intereses particulares, hay una batalla por ver quién tiene razón o quién se impone finalmente. A la vez, hay una consecuencia: las victorias no se logran sin rehenes.
Es el caso de los mendocinos que tienen que acudir en algún momento al médico por una dolencia, pero ya no sólo tienen que preocuparse por los costosos remedios que luego tendrán que pagar, si es necesario. Ahora se les suma una nueva carga: los adicionales que los profesionales reclaman cobrar por la consulta. Para quienes tienen planes de salud en prepagas o alguna cobertura social, es un peso más sobre un bolsillo deprimido por los aumentos, entre ellos, los sanitarios, debido a la inflación.
El Gobierno, en su trampolín electoral, decidió agravar este problema congelando subas de las empresas que, sin embargo, se trasladarán a los afiliados por otras vías. Los mendocinos, finalmente, terminan atrapados en esta lógica. Todo decantará en un sistema de salud público ya estresado por la crisis económica. En tanto, la inflación, el problema de fondo, como sucede con los alquileres y otras preocupaciones actuales en el país, sigue sin resolverse.