En algún momento, Argentina tiene que empezar a debatir una política de desarrollo social que elimine los planes sociales y proponga que los ciudadanos más vulnerables puedan incluirse de otra forma en el mundo laboral. El hecho que vuelve a instalar esta cuestión es el militante de una agrupación piquetera que arrojó una bomba molotov a un policía y que, al ser identificado y detenido, se descubrió que percibía un subsidio del Estado nacional. Esto es apenas un punto de partida para la discusión, ya a ese manifestante se le dará de baja en el beneficio.
Pero la cuestión de fondo es cómo un país que atraviesa una profunda crisis puede reconvertir esas ayudas en trabajo genuino. Lo que se perpetúa es una tremenda maquinaria que, en muchos casos, funciona como un apriete para cada gestión, donde cobra un valor fundamental el puntero como eslabón en la cadena de presiones. Y, por supuesto, alguna parte de la política que se nutre de esta situación donde se otorga una suma mensual que exige a su vez obligaciones para con una estructura clientelista.
Como todo aquel parche que era momentáneo y después quedó y quedó con los años, el debate no es por la inclusión sino por la manera en que aquellos que están en un delicado equilibrio en el sistema pueden estar incluidos de la mejor manera posible. De otra forma, estaremos atrapados en una espiral de subsidios que en algún momento tendrán su corte sin que esa persona haya dejado de estar en una situación que es también humillante.