El femicidio ocurrido el miércoles por la noche en San Rafael invita a pensar qué tan preparados están algunos funcionarios judiciales para encarar hechos de violencia de género.
El crimen de Natalia Tagua tiene todas las características como para trazar la hipótesis que, de haber actuado correctamente el sistema judicial, se podría haber evitado.
El principal sospechoso por el asesinato ya había sido denunciado por maltratos y ataques. Hubo una suerte de negociación y se le permitió recuperar la libertad. Y a pesar de no cumplir con los requisitos para mantener ese beneficio, no se ordenó su captura. Simplemente, se emitió una denuncia por averiguación de paradero, y así se informó.
Lo real es que no era una persona perdida. No era alguien que de un momento para el otro había desaparecido. Era un prófugo que ya tenía antecedentes por haber atacado a su mujer. Y, cuando pudo, repitió esa conducta y la terminó matando.
Son para casos como estos que sirven las capacitaciones en materia de violencia de género. Acá se debe establecer fuertemente una política de Estado que atraviese a todos los poderes, y que involucre a funcionarios nacionales, provinciales y departamentales.
De lo contrario, seguirán siendo sólo declaraciones y poses para las fotos. Ningún femicidio se previene de esa manera. Se hace con acciones concretas, con legislación clara y liberada de posturas ideológicas y con protocolos claramente establecidos.