Hay una cuestión práctica que siguen aquellos que no solo conocen a la perfección el funcionamiento de las leyes que se sancionan, sino que también tienen cierto olfato político para entender que hay iniciativas que deben instrumentarse, modificarse o directamente no aplicarse porque son inviables. A veces sucede que, por mejores intenciones que se tengan para declarar un proyecto e impulsarlo como norma, no se condice con el contexto, o no hay fondos para ponerlo en marcha o, en todo caso, es inaplicable porque la realidad va hacia otro lado.
Es lo que sucede con las guarderías, que deben ser obligatorias para las empresas con más de 100 empleados. Ha llamado a la discusión y ha generado más de una queja por parte del mundo empresario, que entienden que esa ley tiene que ver con otra época y no con esta. En todo caso, lo que debería preverse son alternativas que hagan más flexibles su cumplimiento, considerando que el mundo y, fundamentalmente, las relaciones laborales ya no son las mismas después de la pandemia. El home office, entre otras cosas, y nuevas tendencias vinculadas a lo digital han venido a decirnos que un mundo ha quedado atrás y otro no termina de alumbrarse. Ya sucedió con aquella sanción sobre el teletrabajo. Ni hablar de la ley de alquileres, que ahora van por su modificación, puesto que generó todo lo contrario que tenía como bondadoso.
En este estado, tanto los empresarios como los trabajadores están tratando de reubicarse, mientras sucede una crisis que desacomoda los bolsillos y complica la posibilidad de tener certezas entre el corto y el mediano plazo.