El argentino que alquila hoy en día está metido en un gran problema. A quien se le actualiza el monto anual de acuerdo con la ley nacional, tiene que pagar el incremento marcado por una inflación de tres dígitos. No hay bolsillo que pueda soportar semejantes valores en un pozo donde todos los precios suben semana tras semana mientras los salarios se acomodan tarde y de manera desigual en este maratón. No es un problema ajeno a la clase política. Los fallos reales en los que derivó la ley nacional aprobada en el 2019, bajo un amplio consenso, tendrían que estar en la primera agenda del día, principalmente, en el Poder Legislativo. Está claro que hay que tomar una decisión: reformular o derogar y, si es así, preparar el marco legal para que la relación entre dueños e inquilinos no quede en un limbo. Además, se necesita que esta legislación estimule al mercado inmobiliario, que está prácticamente deprimido: no hay ofertas y en los pocos inmuebles ofrecidos se exigen ya detalles increíbles. Entonces, los legisladores nacionales no pueden seguir perdiendo el tiempo con asuntos secundarios. Tienen que darle prioridad.