El Gobierno ha encarado una nueva cruzada en el Congreso para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal que definirá, entre otros aspectos, una cuestión que se le cuestiona duramente: la elección del jefe de los fiscales de la Nación, donde algunos vislumbran que se buscará torcer la independencia que se necesita para cumplir con ese cargo republicano. Pero además la cuestión se produce en un momento crítico para la gestión oficial porque tiene varios frentes abiertos.
El país atraviesa la segunda ola de coronavirus con una alta meseta de contagios y de decesos, cuando todavía no ha llegado la estación invernal. La inflación sigue siendo un problema irresoluto, al que no se le encuentra la vuelta y se sigue apostando por los remedios que hasta el momento no han resuelto nada. Y se agrega un problema humanitario grave: el desempleo, que afecta principalmente a mujeres jóvenes, pero también donde se revela que quienes ya tienen un trabajo, buscan otro. Sumado a esto, la pobreza, que hace que millones de personas permanezcan en esa posición y, sin una salida clara por parte del Estado, que puede volver a sedimentar una nueva generaciones de argentinos en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad.
El panorama no es alentador y requiere focalizarse en estos problemas que son de urgencia. Sin embargo, la fuerza del Gobierno parece estar apuntada nuevamente en proyectos para reformar la justicia y que inducen a pensar en un trasfondo que afectaría al funcionamiento de la república y a su equilibrio.