El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una nueva reducción del peso de los subsidios destinados a la energía y el transporte, como parte de la estrategia del Gobierno para avanzar hacia una mayor cobertura de los costos del sistema mediante las tarifas. La iniciativa establece que los usuarios cubran, en promedio, más del 88% del costo de abastecimiento energético durante el próximo año y que ese nivel llegue al 91% en los ejercicios siguientes.
Según el análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, las transferencias corrientes destinadas a subsidios energéticos y al transporte pasarían de representar 0,64% del PBI en 2026 a 0,53% en 2027. Se trata de una reducción de 0,11 puntos porcentuales y, de concretarse, sería el sexto año consecutivo en que estas partidas pierden peso sobre el producto.
En términos nominales y medidas en dólares al tipo de cambio promedio previsto para cada ejercicio, las erogaciones vinculadas con estos subsidios descenderían de unos USD 5.200 millones a USD 4.400 millones. El recorte se concentraría principalmente en el sector energético y, dentro de ese segmento, en las transferencias destinadas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que disminuirían en 0,12 puntos del PBI.
El esquema proyectado para 2027 busca reducir de manera gradual la diferencia entre las tarifas que pagan los usuarios y el costo de abastecimiento. De acuerdo con el IIEP, la cobertura promedio debería superar el 88% durante el próximo año y luego estabilizarse alrededor del 91% en los períodos siguientes.
Actualmente, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagan tarifas eléctricas que cubren, en promedio, el 54% del costo de la energía. El Estado absorbe el 46% restante mediante el esquema de subsidios. El objetivo planteado en el Presupuesto supone, por lo tanto, un incremento significativo de la proporción del costo que quedaría a cargo de los usuarios.
El programa oficial se apoya en tres herramientas principales. La primera es la recomposición del precio mayorista que paga la demanda. La segunda consiste en una mayor focalización de los subsidios sobre los hogares alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. La tercera apunta a reducir el rol del Estado en las empresas del sector, dentro de un proceso que incluye la privatización de ENARSA actualmente en marcha.
El impacto que estos cambios tendrán sobre las facturas finales todavía resulta difícil de precisar. Alejandro Einstoss, investigador del IIEP, señaló que existen diferencias importantes entre los usuarios que actualmente reciben subsidios y quienes ya pagan el costo completo de la energía.
“Están los usuarios sin subsidio, que ya pagan el costo total, y las familias que reciben subsidios, que cubren solo el 25%”, explicó. Según el especialista, el Gobierno buscaría modificar la focalización y eventualmente ajustar el valor o los umbrales de la energía subsidiada.
Einstoss también advirtió sobre las dificultades para implementar el esquema durante 2027. “Será difícil en un año electoral y donde las provincias, a cargo de las tarifas eléctricas, tienen calendario de elecciones desdoblado. Es una meta muy optimista la del presupuesto en subsidios”, sostuvo.
Más recursos para las garrafas y el gas focalizado
El recorte general de los subsidios no será uniforme entre todos los sectores. El proyecto prevé reducir la asistencia que llega a los hogares con gas por red a través del precio mayorista, mientras aumenta el apoyo destinado a los hogares incluidos en el régimen focalizado y a quienes utilizan garrafas.
Las partidas vinculadas con el gas y el gas licuado de petróleo (GLP) tendrán así un incremento durante 2027. Si se suman el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas (FFGAS) y el nuevo programa de Garrafas de 10 kilos, que reemplazará al Programa Hogar, los recursos pasarán de representar 0,02% a 0,07% del PBI.
De esta manera, el Presupuesto plantea una reducción del gasto total en subsidios energéticos y al transporte, pero al mismo tiempo una redistribución de los recursos hacia determinados grupos de usuarios. El objetivo general es elevar progresivamente la proporción del costo energético cubierta mediante las tarifas y concentrar la asistencia estatal en los hogares que continúen dentro de los esquemas de subsidios.