El Gobierno envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación minero Cobre San Romeleo, luego de que la Autoridad Ambiental Minera completara el proceso de evaluación y aprobara las condiciones para la etapa de explotación metalífera. La iniciativa, ubicada en Malargüe, deberá ahora atravesar la instancia de ratificación legislativa prevista por la normativa provincial.

El proyecto contempla una explotación de pequeña escala, con una capacidad de procesamiento de 40 toneladas de mineral por día. Según la documentación presentada por la empresa, el yacimiento cuenta con reservas estimadas en 257.000 toneladas, una ley media de 1,29% de cobre y un horizonte de explotación de aproximadamente 20 años. La inversión prevista para su puesta en funcionamiento asciende a USD 3 millones.

Cobre San Romeleo busca extraer y procesar mineral de cobre para obtener un producto que será utilizado como materia prima para la fabricación de sulfato de cobre y otros fungicidas agrícolas, incluidos productos destinados a cultivos orgánicos. El Gobierno provincial destacó especialmente la vinculación del emprendimiento con la vitivinicultura y otras actividades productivas de Mendoza.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, señaló que el proyecto “completó las distintas instancias previstas en el procedimiento de evaluación ambiental”, con intervención de organismos técnicos, científicos, académicos, provinciales y municipales. También destacó la realización de una audiencia pública y sostuvo que la DIA incorpora las condiciones y obligaciones que deberán cumplirse durante las distintas etapas del emprendimiento.

Qué prevé el proyecto minero

El titular y proponente de Cobre San Romeleo es Labsa SA, mientras que la operación estará a cargo de Arex Mining SA. El emprendimiento se encuentra en el Puesto Aguas de Isaac, en la Quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas, aproximadamente a 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.

El proyecto contempla un sistema de procesamiento mediante disolución amoniacal en circuito cerrado. De acuerdo con la información presentada por la empresa, el mecanismo permitirá recuperar y recircular los principales reactivos utilizados durante el proceso.

La documentación también establece que los gases generados serán capturados, condensados y reutilizados para regenerar la solución lixiviante. El objetivo del sistema es reducir el consumo de reactivos y la generación de efluentes.

Agua y controles ambientales

La DIA establece un conjunto de obligaciones para las diferentes etapas del proyecto: construcción, explotación, cierre y post cierre. Entre las condiciones figura la presentación de una Línea de Base Ambiental antes del inicio de las actividades, con protocolos específicos para la protección de la fauna.

La empresa también deberá implementar un Plan de Monitoreo Ambiental sobre agua, suelo, aire, flora y fauna, además de un Plan de Monitoreo Social y un Plan de Contingencias. A esto se suma la obligación de constituir una garantía suficiente para asegurar la recomposición ante eventuales daños ambientales.

El recurso hídrico tendrá un esquema específico de control. Antes de la construcción, la empresa deberá obtener el permiso de uso de agua correspondiente del Departamento General de Irrigación y presentar la ingeniería vinculada con las instalaciones, los sistemas de impermeabilización, el manejo de efluentes y el transporte de fluidos.

La DIA también exige documentación técnica sobre el dique de colas, las escombreras y la pileta de mineral agotado, incluyendo sus sistemas de impermeabilización, drenaje y contención. Además, deberán realizarse estudios sobre el potencial de lixiviación y movilidad de metales y su eventual incidencia sobre los recursos hídricos.

Durante la construcción y explotación se ejecutarán programas de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, calidad del aire, suelos, flora y fauna, además de controles de ruido y otros componentes ambientales.

Controles después del cierre

La empresa deberá elaborar y ejecutar un Proyecto de Clausura Técnica y Cierre Ambiental y un Plan de Monitoreo Ambiental Post Cierre.

Ese monitoreo tendrá una duración mínima de cinco años, aunque el plazo podrá extenderse de acuerdo con los resultados obtenidos y la evolución de las condiciones ambientales del sitio.

La Autoridad Ambiental Minera y la Policía Ambiental Minera estarán a cargo del seguimiento y la fiscalización del proyecto, junto con los demás organismos que tengan competencia sobre las distintas áreas. Las autoridades tendrán libre acceso a las instalaciones para realizar los controles correspondientes.

Con el envío de la Declaración de Impacto Ambiental a la Legislatura, Cobre San Romeleo ingresó en una nueva etapa administrativa. La continuidad del proyecto dependerá ahora de la ratificación legislativa de la DIA, requisito establecido para los emprendimientos de minería metalífera alcanzados por el régimen provincial.