La condena que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también deja otro mensaje desde el tribunal a cargo del proceso: se trata del embargo astronómico que tendrán los sentenciados, una suma que supera los 84.000 millones de pesos. Este número representa los efectos del delito, es decir, el daño económico causado por los manejos en el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a través de los vínculos entre funcionarios y empresarios. Un plan criminal –tal como afirmó el tribunal– que, finalmente, tiene una víctima, el Estado nacional, es decir, los argentinos.

Más allá de que la condena no esté firme y que todavía queden otras instancias procesales, este número gigante permite pensar a la vez en aquello que la gestión kirchnerista entre el 2003 y el 2015 no pudo resolver: su deuda social. Es una cifra que hace pensar en el crecimiento de la pobreza, situación que se ha profundizado hasta estos días. Todo aquello que un grupo de funcionarios define para defraudar a la administración pública es una decisión que hiere a la sociedad. Donde se roba acá, se vulnera allá. Donde se maniobra arbitrariamente en un lugar, se quita en otro. Y ese interés, que tiene un beneficio económico para unos pocos, genera una lesión mayor con los problemas sociales a futuro. Así como pasó con las tragedias de Once o de Cromañón, que dejaron en evidencia la falta de controles, también acá es necesario recordar que la corrupción genera desigualdad e injusticia.