La falta de inversiones en el sistema de agua y saneamiento en la provincia es una clara muestra de que desde el Estado no se controló debidamente y no se intimó a la empresa Obras Sanitarias Mendoza a realizar las obras pertinentes, lo que terminó desembocando en deficientes prestaciones del servicio y en aumentos que hoy golpean fuertemente los bolsillos de los usuarios.
Ahora, el rol de vigilancia lo sigue ocupando el mismo EPAS, ente que debe supervisar a la empresa provincial de Agua y Saneamiento. Se espera que en esta oportunidad no se llegue de nuevo tarde y que el rol oficial sea cumplido debidamente, porque los mendocinos se han cansado de escuchar promesas de cambio y mejoras en los servicios públicos.
No se puede permitir que quienes deben presionar y hacer cumplir las disposiciones sigan mirando para otro lado.