Llegar a ocupar un puesto de jerarquía en el Estado involucra que la persona a cargo circunstancialmente tenga una cuota de poder que excede a cualquier funcionario ordinario. Por eso, se trata de que quienes se desenvuelvan en roles públicos en posiciones en las que no sólo tienen altas responsabilidades para con los ciudadanos adopten también cierto equilibrio y respeto por las instituciones, incluso por su propia investidura. De otro modo, pueden quedar bajo la lupa de los organismos de control correspondientes si sacan los pies del plato y no actúan como corresponde.
Los funcionarios tienen bajo su paraguas el patrimonio del Estado. En más de un aspecto. Se trata de bienes que no surgen de la nada, sino a través del aporte de los ciudadanos, por ejemplo, en materia de impuestos. Que una patrulla o una ambulancia estén en condiciones a la hora de acudir a una urgencia, que los techos de las escuelas estén sin fisuras o que sus estufas funcionen y que haya insumos en los hospitales son cuestiones sustanciales cuyo mantenimiento cuesta y hay que cuidar. Por lo mismo, no hay dueños en el Estado que puedan arrogarse el uso arbitrario de estos bienes para el beneficio personal.
Por eso, hoy más que nunca es válido recordar una diferencia elemental pero significativa. Gobierno no es Estado. Quienes están eventualmente en la administración política no están por arriba de ningún control y no tienen derechos personales sobre el patrimonio de todos.