Una de las cuestiones que impuso la emergencia sanitaria mundial fue la excepcionalidad para aquellos empleados públicos que, por razones de salud –entre otras cosas, enfermedades autoinmunes–, pudieran trabajar desde casa para que no tuvieran riesgos frente a la amenaza del COVID. De esta manera, se instaló una nueva cultura laboral, a remoto, que si bien trajo nuevos problemas, también fue una solución circunstancial para algo sin precedentes, sobre todo, cuando Argentina no tenía vacunas.
Sin embargo, pasaron casi cuatro años de la pandemia y todavía hay áreas del Estado nacional que mantenían el home office sin la necesidad de asistir de manera presencial a los lugares de trabajo. Parece insólito, pero es lo que reveló el Ministerio de Seguridad, que ordenó la presencialidad plena a sus empleados.
Está claro que hay que revisar caso por caso, pero el ritmo que impone la gestión entrante al Estado nacional también está marcado por el hecho de saber si los cargos o responsabilidades de los funcionarios públicos –no necesariamente políticos– se cumplen de manera correcta. Dicho en palabras simples, es la mejor manera para saber si son ñoquis, si sacaron ventajas con alguna norma que debería haber sido derogada a esta altura, que las vacunas nos dieron anticuerpos.