La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva este miércoles a la ahora Ley de Ciberseguridad, una iniciativa que impulsó el Ministerio de Seguridad para darle un marco legal y más estructurado a la respuesta del Estado contra los ataques a las infraestructuras digitales tanto del Ejecutivo, como de las cámaras legislativas, la Justicia y demás.

El objetivo es evitar que los ataques, que no se pueden prevenir y cada vez son más frecuentes, simplemente no afecten al normal funcionamiento de los servicios que brinda el Estado. Lo que en términos de seguridad se conoce como “resiliencia“.

Semanas atrás, el Senado le había otorgado media sanción y ahora fue ratificado por la Cámara baja.

En qué consiste la Ley de Ciberseguridad

El proyecto busca convertir en política de Estado la protección de los sistemas y las infraestructuras críticas que, atravesadas por la digitalización y la informática, sostienen, por ejemplo: el sistema de transporte, el sistema eléctrico, energético, de salud, de educación, los sistemas de seguridad, el 911, entre otros.

La iniciativa va en línea con el avance de la digitalización de los servicios tras la aprobación de la Ley de Modernización.

El proyecto, defendido por la ministra Mercedes Rus, afecta tanto al Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. También alcanza a proveedores tecnológicos y prestadores privados de servicios críticos esenciales que operen con el Estado local. Buscan ahora invitar a los municipios a adherir.

Entre sus principales herramientas crea un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad, encargado de elaborar el Plan Provincial de Ciberseguridad. Este nuevo organismo define estándares técnicos y supervisa su cumplimiento. Mientras que una Autoridad de Ejecución Operativa tendrá a su cargo la respuesta concreta frente a amenazas.

El proyecto contempla la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), un Equipo de Respuesta ante Incidentes (CSIRT) y un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad. Esto, teniendo en cuenta que las amenazas de este tipo no son contabilizadas en estos momentos.

También prevé la identificación de la infraestructura digital crítica que tenga el Estado, cuya interrupción podría comprometer servicios esenciales.

Los hackers éticos

Otro punto central de la ley contempla la regulación de la actividad del White Hat (o hacker de sombrero blanco), el término que adoptaron los expertos en ciberseguridad que utilizan sus habilidades para vulnerar sistemas con el objetivo de encontrar fallas de seguridad, detectarlas e informarlas a las autoridades. A diferencia de los que vulneran sistemas para apropiarse de los datos y delinquir.

El texto habilita la colaboración legal, responsable y mediante canales seguros para la recepción de reportes. Como contrapartida, ofrece garantías jurídicas para permitir que estos especialistas no reciban consecuencias legales.

El problema de los ciberataques

En diálogo con El Sol, subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, reconoció que los ataques contra infraestructuras digitales del Estado vienen incrementando mucho en los últimos años, especialmente con el uso de la inteligencia artificial. “Hoy ya no hay que estar tan preparado para poder hacer o planificar un ciberataque; pero de la misma manera hay muchas herramientas también basadas en inteligencia artificial para poder defender esos ataques“, señaló.

En el país son cientos al día, pero la mayoría no logra violar los datos. “En la provincia no estamos ajenos. Todos los días tenemos equipos destinados a que esos ataques no prosperen“, advirtió.

De hecho, el dato más llamativo es que apenas un día después de que la ministra Rus presente la ley en el Senado, donde se trató primero, hubo un hackeo precisamente en la página web de esa cámara.