El presidente Javier Milei analiza una medida para hacer más visible el costo real de los créditos y desalentar el endeudamiento, en medio del aumento de la morosidad entre las familias. La alternativa que estudia el Gobierno consiste en instruir al Banco Central (BCRA), que conduce Santiago Bausili, para que modifique las condiciones de exhibición del Costo Financiero Total (CFT), aunque todavía no existe una decisión definitiva.
La propuesta tomó impulso a partir de un planteo realizado por la senadora Patricia Bullrich, quien reclamó que bancos y fintechs sean mucho más claros respecto del costo final de los préstamos. La legisladora planteó que debería existir una advertencia visible, similar a los etiquetados frontales de los alimentos, que informe cuánto terminará pagando una persona por el dinero que toma prestado.
“Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000”, ejemplificó.
Actualmente, la normativa del BCRA establece que el CFT debe aparecer de manera clara y destacada en contratos, recibos, notas de débito y otros documentos. También exige informar la tasa de interés o descuento anual, la tasa efectiva anual, si la tasa es fija o variable y, en este último caso, los parámetros de ajuste. Para la publicidad, las exigencias son aún mayores: el CFT debe mostrarse con una tipografía destacada y un tamaño al menos cinco veces superior al utilizado para comunicar la tasa nominal anual.
La eventual modificación apuntaría a desincentivar la generación de nueva deuda sin que el Estado tenga que destinar fondos para rescatar a quienes ya están en mora. Esa segunda alternativa es rechazada por Milei, quien considera que se trata de un conflicto entre privados y que el Poder Ejecutivo no debe utilizar recursos del Presupuesto para asistir a las entidades que otorgaron los préstamos. La discusión podría avanzar en los próximos días, mientras el peronismo busca llevar al Congreso proyectos destinados a facilitar la refinanciación de las deudas.
La morosidad de las familias
La decisión del Gobierno se analiza en un escenario de fuerte deterioro de la capacidad de pago de los hogares. Según el informe sobre bancos del BCRA, la morosidad del sistema financiero registró una leve baja en junio y se ubicó en 7,6% del total de los préstamos otorgados al sector privado.
Sin embargo, el indicador es considerablemente más elevado entre las familias: la morosidad alcanzó el 12,8%. La evolución fue dispar según el tipo de financiamiento: mientras se registraron bajas en los niveles de incumplimiento de las tarjetas de crédito, aumentó la mora en los préstamos personales y prendarios.
El Gobierno utiliza estos datos para sostener que, pese al incremento de los incumplimientos en los hogares, el sistema financiero no atraviesa una situación límite que justifique una intervención estatal con fondos públicos. La estrategia que analiza Milei apunta, por ahora, a modificar los incentivos y mejorar la información que reciben los consumidores antes de asumir una deuda.
La discusión también tendrá una dimensión política. El peronismo consiguió reunir un principio de quórum en Diputados y pretende forzar el 9 de septiembre una sesión para tratar o emplazar proyectos vinculados con la refinanciación de las deudas de los hogares.
La diferencia central está en el mecanismo. Mientras la oposición impulsa herramientas que impliquen una intervención estatal para facilitar la salida de los deudores, Milei busca evitar que el Tesoro destine recursos a ese objetivo. En ese marco, una eventual decisión del BCRA para obligar a mostrar de manera todavía más explícita el costo de los créditos funcionaría como una respuesta intermedia: mayor transparencia y prevención, pero sin un rescate financiero para quienes ya incumplieron.