Luego de que el propio sitio web del Senado de Mendoza fuera objeto de un hackeo semanas atrás, la Cámara alta de la Legislatura dio luz verde este martes al proyecto de Ley de Ciberseguridad enviado por el gobernador Alfredo Cornejo. La propuesta, que cosechó 34 votos afirmativos y 2 negativos, pasó en revisión a la Cámara de Diputados para completar su trámite legislativo.
El texto busca estructurar un marco normativo preventivo y de respuesta rápida frente al avance de las amenazas informáticas sobre la infraestructura del Estado provincial. Sin embargo, el debate parlamentario expuso diferencias: la oposición acompañó el cuerpo general de la norma debido a su “solidez técnica”, pero encendió las alarmas y rechazó el apartado que habilita excepciones a la Ley de Administración Financiera para realizar compras directas.
Durante la sesión, el senador oficialista Néstor Majul subrayó la urgencia de actualizar el esquema de protección oficial ante la mutación del delito. “Esta transformación digital también nos hace ir adecuando todo nuestro sistema de seguridad a un posible ciberataque”, señaló, al tiempo que diferenció la persecución del ciberdelito -donde Mendoza cuenta con fiscalías especializadas, laboratorio forense y agentes encubiertos digitales- de la ciberseguridad preventiva que plantea este texto.
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Las claves del nuevo sistema provincial
El proyecto crea el Sistema Provincial de Ciberseguridad y establece como autoridad de aplicación al Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC), que estará integrado por referentes de las áreas de tecnología del Estado. Además, la norma delimita herramientas y alcances centrales:
- Organismos operativos: se prevé la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) para el monitoreo continuo de eventos y del Equipo de Respuesta ante Incidentes (CSIRT), encargado de la contención y mitigación de ataques.
- Infraestructura Crítica Esencial: aplica protocolos reforzados de blindaje y continuidad operativa para sistemas y plataformas estratégicas del Estado, con foco prioritario en salud, educación, justicia, seguridad y hacienda.
- Alcance institucional: a través de modificaciones aplicadas en comisiones, se fijó que la norma sea de cumplimiento obligatorio para el Poder Ejecutivo (artículo 14), al tiempo que se invita al Poder Judicial, a la Legislatura y a los 18 municipios a adherir o enviar representantes al CCEC.
- Gobierno de datos y sanciones: regula el tratamiento confidencial de la información pública, crea un programa de reporte de vulnerabilidades y establece un régimen progresivo de sanciones para organismos o proveedores que incumplan las alertas, obstaculicen auditorías o mantengan bajo reserva incidentes graves.
Duras críticas opositoras por las compras directas: “No estamos en Disney”
Pese a la aprobación en general, el tratamiento en el recinto volvió a evidenciar discrepancias políticas en torno al manejo de las contrataciones públicas.
El punto de mayor fricción se concentró en las modificaciones a la Ley Provincial N° 8706 de Administración Financiera y, puntualmente, en el artículo 41 del proyecto. Dicha cláusula autoriza la adquisición, renovación y contratación directa –sin pasar por procesos de licitación pública– de software, hardware, licencias, plataformas y consultorías vinculadas con la seguridad digital y soporte técnico.
Desde el Interbloque Encuentro Mendocino, el senador Ariel Pringles fundamentó el rechazo particular a ese articulado con un duro diagnóstico sobre la política criminal de la provincia: “Tengo mis dudas de si es tan exitosa la política criminal de la provincia. Yo puedo estar de acuerdo en algunos números, en otros no, pero de ahí a que yo crea que estoy en Disney… Estamos lejos de Disney”.
Respecto de la flexibilización para las contrataciones estatales, Pringles advirtió que la ciberseguridad no debe ser una vía libre para eludir controles administrativos. “Ese artículo habilita la compra directa, sin licitación pública, que es el modo en donde los mendocinos y la política controlan”, cuestionó el legislador, señalando que se podrían haber previsto mecanismos de emergencia con auditorías posteriores.
“No podemos darle un cheque en blanco a un Gobierno que en estos diez años ya empieza a tener algunos cuestionamientos respecto a los cheques en blanco que le hemos ido dando. Que acompañemos un proyecto que es importante, de una temática real y que tiene seriedad técnica, no implica que no digamos que no estamos en Disney: estamos en Mendoza, y deja que desear”, sintetizó.