El Gobierno nacional decidió postergar el envío al Congreso de las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía que ya se encuentra terminada desde el punto de vista técnico, pero que quedó atrapada en el complejo escenario político generado por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las tensiones parlamentarias con los bloques aliados.

Fuentes oficiales reconocieron que el proyecto está concluido y listo para ser remitido al Parlamento. Sin embargo, la Casa Rosada resolvió concentrar sus esfuerzos en las reformas que ya ingresaron al Congreso y evitar abrir nuevos frentes de negociación en medio de una agenda legislativa condicionada por la polémica que envuelve a uno de los principales funcionarios del Gobierno.

La iniciativa había surgido tras una serie de reuniones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con contadores y especialistas tributarios. El objetivo era fortalecer el régimen simplificado, ampliar su alcance y brindar mayores garantías jurídicas a quienes decidan incorporar fondos al circuito formal. No obstante, la propuesta quedó bajo análisis de la mesa política del oficialismo, el ámbito donde se definen prioridades legislativas y estrategias parlamentarias.

En Balcarce 50 aseguran que la demora responde exclusivamente a cuestiones políticas. El proyecto llegó a convertirse en una pieza sensible luego de que se conociera que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de la investigación judicial sobre el crecimiento patrimonial del funcionario. Aunque el Ejecutivo sostiene que esa adhesión no implicó un blanqueo de capitales ni la exteriorización de fondos, admite que la coincidencia temporal volvió más delicado el tratamiento de cualquier reforma vinculada a beneficios fiscales.

La preocupación oficial radica en que la oposición pueda presentar los cambios como una norma diseñada para favorecer al jefe de Gabinete. Desde Economía rechazan esa interpretación y remarcan que la reforma comenzó a elaborarse mucho antes de que estallara la actual crisis política. Sin embargo, en el Gobierno consideran que el contexto parlamentario dificulta avanzar con una discusión técnica sin que quede atravesada por las disputas políticas.

La prioridad actual del oficialismo pasa por asegurar el avance de proyectos que ya se encuentran en trámite legislativo. Entre ellos figuran la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, el denominado Súper RIGI, la ley de lobby, el proyecto Hojarasca y la reforma de Zonas Frías, iniciativas que requieren acuerdos con gobernadores y bloques aliados como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.

La situación se agravó luego de que el oficialismo debiera desplegar intensas negociaciones para evitar una ofensiva parlamentaria contra Adorni. Si bien logró postergar una sesión en el Senado que podía derivar en una interpelación, el tema volverá a discutirse en las próximas semanas. En Diputados, además, el Gobierno teme que la oposición aproveche el tratamiento de proyectos económicos para impulsar cuestionamientos al ministro coordinador.

Pese a la postergación, el Ministerio de Economía mantiene intactos los objetivos de la reforma. El proyecto apunta a modificar el régimen simplificado de Ganancias mediante la eliminación de determinados límites patrimoniales y de ingresos, mayores instancias de corrección para los contribuyentes, restricciones al uso de presunciones por parte de ARCA y nuevas reglas de bancarización para determinadas operaciones.

La intención oficial es ofrecer un marco de mayor seguridad jurídica para quienes adhieran al régimen, reduciendo el riesgo de fiscalizaciones amplias por errores formales o diferencias de interpretación. Además, contempla beneficios vinculados a sanciones y mecanismos de regularización destinados a incentivar la formalización de fondos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.

Por ahora, la reforma quedó en pausa. Mientras Luis Caputo mantiene listo el proyecto, la mesa política del Gobierno considera que el contexto legislativo no es favorable para impulsar una iniciativa que podría quedar absorbida por la controversia en torno a Adorni. La estrategia oficial es esperar una ventana política más estable antes de avanzar con uno de los cambios tributarios que Economía considera clave para la remonetización y formalización de la economía.