Ninguna causa en Mendoza ha sido tan manipulada, contaminada y viciada como la investigación por el crimen de Micaela Reina, la niña de 11 años que fue violada y asesinada en mayo de 2007.

Desde el inicio, todo se hizo mal. Se fraguó una prueba de ADN y, a partir de allí, se detuvo a una persona cuya única vinculación era la de ser un linyera que vivía cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. Un perejil.

Se desvió la pesquisa, se generaron hipótesis equivocadas y se realizaron medidas que colaboraron para el fracaso. Hoy, casi 20 años después, el hecho no tiene resolución.

El primer responsable de esa cadena de irregularidades fue Alejandro Iturbide, por aquel entonces fiscal de Guaymallén. Tomó una muestra de ADN a un sospechoso sin notificar a los abogados defensores, y envió el material genético a un laboratorio que, curiosamente, no era el que solía usar la justicia provincial. Cuando la causa cambió de fiscal y se hizo una nueva prueba, se demostró que todo había sido una farsa.

Actualmente Iturbide es el fiscal jefe que tiene a cargo el caso que más está impactando en la institucionalidad de la provincia: la denuncia por violencia de género contra el ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino.

El manejo endogámico y corporativo de la justicia mendocina es el que ha permitido que situaciones como estas pasen al olvido sin ningún tipo de consecuencia. Y potencian el descreimiento sobre la calidad del servicio, especialmente, puertas adentro.

La denuncia contra D’Agostino sumó esta semana su episodio más indecente. Lo detonó un juez con más de 30 años de antigüedad, que sin ningún filtro y delante de varios colegas, lanzó insultos contra la mujer que denunció al ex funcionario y confesó sin más que había sido el responsable de filtrar información al imputado. Se trata de Rafael Escot, famoso hace algunas décadas por ir a los allanamientos con un arma enfundada; por protagonizar una pelea mediática con su ex esposa por la cuota alimentaria, y por mostrar sus trofeos de cacería.

Va de nuevo: un juez de un tribunal penal colegiado de la provincia le pasó a un acusado por delitos de violencia de género información sobre la causa. Dijo que lo hizo porque era su amigo. Viejo Vizcacha.

Escot le entregó a D’Agostino la captura de pantalla de un grupo de chat entre jueces donde, con algo de sarcasmo, se sugirió que de haber sido otro el imputado, seguramente ya le hubiesen dictado prisión preventiva. Supuestamente, el ex subsecretario le pidió que lo tuviera al tanto de lo que se hablaba.

Esta medida podría ser entendida como una maniobra de entorpecimiento procesal por parte de D’Agostino. Por ahora, los fiscales miran para otro lado. Lo de Escot es casi un pasaje de ida a un jury.

Todo quedó plasmado en un escrito presentado por otra jueza de un tribunal, Belén Salido, una de las sorteadas para decidir sobre la recusación que la denunciante de D’Agostino había hecho sobre Jimena Pina González, elegida para hacer las veces de jueza de garantía en la causa. Los otros seleccionados para acompañar a Salido eran Mauricio Juan y Eleonora Arenas.

La historia con Arenas transita por una penumbra. Sus antecedentes como magistrada se remiten a fines de 2019, cuando se quedó con el cargo para ser jueza de un juzgado penal colegiado. Hace apenas unas semanas, fue ascendida a un tribunal penal, luego de que su examen en el Consejo de la Magistratura fuera poco menos que brillante; situación que dejó atónitos a todos.

Arenas y D’Agostino mantienen o mantenían una estrecha amistad. Ella misma se encargó de regar el rumor entre sus pares antes de que se desatara el escándalo. Por eso, cuando la fortuna del sorteo de magistrados la puso como jueza de la causa, una de sus compañeras sugirió que debía inhibirse. La respuesta fue negativa. Igual, no iba a llegar a actuar porque en cuestión de días asumiría en su nuevo rol. Sin embargo, el azar judicial lo hizo de nuevo: ya como camarista, salió sorteada dos veces más. De veintitantos jueces, la bolilla siempre cae donde está su nombre.

¿Por qué Elena Quinteros, la abogada de la denunciante, recusó a Jimena Pina? Básicamente, porque se trata de una conjueza, y entiende que un expediente tan delicado no puede estar en manos de alguien que no tiene la estabilidad que da la aprobación del Senado; es decir, de alguien que está a tiro de lapicera.

La duda que se plantea es saber si alguien más estuvo haciendo favores además de Escot. Si acaso Jéssica Benítez, titular del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y actual pareja del ex funcionario, también pudo darle acceso a la información privilegiada.

La causa de D’Agostino se fue ensuciando por estos temas. En las últimas semanas hubo un festival de pedidos de recusación, de un lado para el otro; sobre todo desde la querella. Y a eso se agregan algunas disposiciones de la fiscal Valeria Bottini y de su jefe, el mencionado Alejandro Iturbide.

En la Corte optaron por adoptar una actitud de época: fingen demencia. Si no lo veo, no lo sé. Y si no lo sé, no pasó. Pero sucedió: un funcionario del cuarto piso de Tribunales recorrió los tres kilómetros que hay hasta el Polo Judicial y se entrevistó informalmente con personal raso de la fiscalía que atiende el caso. Preguntó cómo andaba todo por ahí. La respuesta fue contundente: le dijeron que, si fuera una defensoría oficial, estarían haciendo un buen trabajo, pero que lamentablemente seguía siendo una fiscalía especializada en violencia de género, o que al menos eso era hasta antes de la denuncia.

Los ministros del máximo tribunal intentaron esquivar las explosiones durante estos meses, pero las esquirlas están haciendo daño. Juezas y fiscales golpean puertas de despachos para acceder al expediente y saber si aparecen en alguna foto de esas que se sacaban en la Casa de Gobierno. La rosca judicial tenía cierto efecto afrodisíaco, y ahora temen por su privacidad.

Desde que un marido despechado, hace unos 25 años, fue a pegarle a un juez por tener un romance con su esposa fiscal, que los pasillos judiciales no están tan alterados.

Hay más: para este martes (16 de junio) estaba fijada una audiencia para definir la reapertura de una denuncia hecha en 2023 y que acusaba la existencia de tráfico de influencia para la selección de jueces y fiscales en el Consejo de la Magistratura. Los señalamientos eran, entre otros, contra el entonces subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino. El caso había quedado cerrado y archivado con la firma del juez Juan Manuel Pina, hermano de la conjueza Jimena. Y ahora, el juez sorteado para definir si se reinicia o no la investigación es, ironía del destino, Rafael Escot.

Escot también es el presidente del Tiro Federal de Mendoza. Allí funciona desde 2019 la sede local de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), el organismo al que se le debería haber pedido informes por la existencia de munición con punta hueca en la casa de D’Agostino y por la tenencia de una pistola calibre 9 milímetros con la Cédula de Legítimo Usuario (CLU) vencida hacía años. Es un punto que, a pesar de la imputación, incomoda a la Fiscalía.

Y encima Mingorance

La estructura que conduce el Ministerio Público Fiscal está colapsada, casi como las cloacas en Los Corralitos.

Entre tanta atención puesta en el caso D’Agostino, por una grieta se les coló el pedido de imputación contra el titular de Aysam, Humberto Mingorance, por el desastre ambiental en Guaymallén. No lo acusan por el desborde de los desechos cloacales, sino por haber vertido esos efluentes crudos, sin tratamiento y sin autorización a un canal de riego agrícola. Todo mal.

La decisión la había tomado el fiscal especializado en temas ambientales, Gabriel Blanco. Como se trata de una causa que involucraba a un funcionario público, se la envió a su jefe, Sebastián Capizzi. Ambos coincidieron en que no había otra salida que acusar formalmente a Mingorance, uno de los hombres de máxima confianza del gobernador Alfredo Cornejo.

El expediente subió entonces hasta los despachos de los fiscales generales adjuntos, Gustavo Pirrello y Paula Quiroga.

Fueron dos semanas de máxima tensión, en las que Blanco y Capizzi se plantaron en su postura y la dejaron por escrito. Habían ido hasta el lugar, se entrevistaron con los vecinos y vieron el muro que había roto Aysam para volcar lo que se estaba desbordando. Hubo recomendaciones orales para morigerar la causa. Nadie se arriesgó a estampar la firma. Entonces la decisión quedó firme. Y los dolores de cabeza se multiplicaron.