Daniela Palma, Delfina Correa y Liliana Echevarría. Uno de los puntos de venta durante los allanamientos de este viernes.

La caída este viernes de Sandra Jaquelina Vargas (48) volvió a sacudir el andamiaje del narcotráfico barrial en el oeste de Godoy Cruz. Aunque su nombre es conocido en el mundo del hampa mendocino desde hace años, la reciente investigación impulsada por la Policía contra el Narcotráfico (PCN) puso el foco en los engranajes que permitieron el funcionamiento de su organización, incluso cuando ella se encontraba en prisión.

Entre ellos sobresalieron algunos colaboradores principales, más allá de una presunta participación de familiares directos: se trata de Liliana Echeverría (53), con detención domiciliaria y pareja de un homicida, Daniela Palma (31), hija de esta última, y una joven identificada como Delfina Abigaíl Correa, de 21 años. Estas dos últimas tenían domicilio en el barrio La Esperanza (ubicado entre el Campo Papa y Los Toneles) y cayeron con una importante cantidad de drogas fraccionada en su poder.

Daniela Palma mientras era allanada por la PCN.

Los investigadores policiales y judiciales sostienen que, pese a estar alojada en el Centro de Alojamiento Permanente El Borbollón bajo régimen abierto, la Yaqui, quien fue imputada este lunes y volvió al penal de Cacheuta, no solo mantenía el liderazgo de la organización, sino que aprovechaba visitas y salidas transitorias para coordinar tareas, dar órdenes y recibir recaudaciones que realizaban las personas que trabajan para ella en las transacciones narco.

Así lo dejaron en evidencia las vigilancias directas realizadas hace pocos días (a mediados de junio, detallaron los pesquisas), cuando fue recogida por su pareja Diego Cumellas y trasladada directamente al barrio Campo Papa, donde, según los trabajos de campo, la esperaban para “rendir cuentas”.

Quien se encargaba de llevarle el detalle del dinero y coordinar los movimientos durante esas salidas era Echeverría, la mujer con domicilio en la manzana Ñ del Campo Papa y que también quedó tras las rejas este viernes.

Echevarría no operaba sola: junto a ella se movía su hija Daniela, y ambas serían parte activa del engranaje que fracciona y distribuye las dosis de droga, muchas veces desde el mismo domicilio que compartieron en algún momento bajo arresto domiciliario con su pareja, Juan José Piña Marín.

Piña Marín fue condenado en noviembre del año pasado por el crimen de Kevin Nicolás Muñoz Bustamante, ocurrido un año antes en Campo Papa. En ese juicio, testigos lo definieron como “el patrón del barrio”, un hombre violento, armado y que vendía droga desde su casa.

La propia Echeverría autorizó en su momento un allanamiento tras escuchar detonaciones frente a su vivienda, momentos después del asesinato de Muñoz: allí se hallaron vainas y manchas de sangre. Aquel entorno, sostienen los investigadores, seguía funcionando como punto logístico para las operaciones de la Yaqui.

En el otro brazo operativo de la estructura están los familiares de la “jefa”. De la instrucción trascendió que había un encargado de seleccionar a los vendedores –poniendo especial énfasis en que no fueran consumidores ni ofrecieran fiado– y de distribuir la “mercadería” en los domicilios vigilados. “Era una especie de supervisor de la Yaqui”, agregó un pesquisa consultado por El Sol. Ese sospechoso no fue detenido en esta etapa de los operativos “pero podría caer si la causa avanza con más pruebas”.

Las tareas de campo realizadas a mediados de este mes, en paralelo al análisis de otras pruebas que fueron incorporándose con el paso de las semanas, permitieron constatar en tiempo real cómo se articulaba una operación de abastecimiento en distintos domicilios.

Los datos recolectados fueron suficientes para que la PCN definiera que se trata de “una organización criminal jerárquica que continuaba operando aun cuando sus líderes están privados de libertad”, valiéndose de familiares y allegados para sostener la comercialización de estupefacientes en el territorio.

En esa estructura también se detalló la obligación que tenían los vendedores y colaboradores de rendir cuentas directamente a la Yaqui cada vez que salía del centro de detención, donde cumplía una pena de 15 años de encierro, debido a que hace más de un año que recibió el beneficio de las salidas transitorias por el tiempo que llevaba tras las rejas después de su detención a principios de marzo del 2014.

Lo que más preocupó a los investigadores no es solo el funcionamiento aceitado de esta estructura, sino su capacidad de adaptación: los líderes delegaban funciones en familiares cercanos y continuaron operando desde el encierro, con conocimiento acabado del sistema judicial y de las herramientas para evadir el control.

El Sol estuvo durante el allanamientos en la casa de Daniela Palma.

Los allanamientos permitieron conocer que la banda operaba con quiosquitos de drogas incrustados en barrios vulnerables. Eran viviendas particulares convertidas en puntos de venta, con estupefacientes fraccionados y listos para la distribución. Allí, según los investigadores, se movía el dinero chico que alimentaba a la organización.

En tres de estos puestos fueron detenidas Liliana Echevarría, Daniela Palma, y una joven pareja: Delfina Abigail Correa y Axel Sosa (19).

Uno de los quiosquitos más activos funcionaba en la casa de Daniela Palma, en la manzana C del barrio La Esperanza. Diario El Sol pudo ingresar al lugar mientras la PCN realizaba el procedimiento.

Adentro, había decenas de dosis de cocaína y marihuana listas para ser entregadas. La escena contrastaba con la normalidad que mostraban los hijos de Palma: jugaban y caminaban por la vivienda mientras su madre, esposada, miraba al piso en silencio. La venta de drogas, allí, era una rutina instalada, describieron los efectivos.

En la misma barriada, en la casa E, otro quiosquito operaba a cargo de Delfina Correa y su novio, de 19 años. Ambos terminaron detenidos e imputados. En el lugar se incautaron 159 envoltorios con cocaína (68 gramos), 29 dosis y cigarrillos de marihuana (45 gramos), teléfonos celulares y 7.500 pesos. En otra vivienda contigua, donde residía otra chica, se hallaron 34.000 pesos en efectivo, aunque a esta joven no se le atribuyó un rol activo en la comercialización.

La modalidad era siempre la misma: casas precarias con doble función, familiares como pantalla y droga ya fraccionada. Una estructura en la que todos ocupaban un rol y en la que los ingresos del menudeo terminaban, según la causa, en manos de la Yaqui. Para los investigadores, esa red de quiosquitos fue la base económica de la organización que volvlió a ser desarticulada luego de una pesquisa de un año.